Los grandes retrasos en las obras correspondientes a la reconstrucción y ampliación de la Transversal 54 o Avenida El Bosque, debido a las dificultades para desalojar a quienes ocupaban el espacio público con estructuras para negocios varios, demuestran que en Cartagena sigue prevaleciendo el interés particular sobre el bien común, una práctica ilegal e injusta que se vale de la pobreza y el desempleo para legitimarse. La ocupación del espacio público se mantiene en algunos sectores que se requieren para ampliar la vía, y lo más grave es que los ocupantes ilegales son negocios estables y con los permisos de funcionamiento, que decidieron extender sus terrazas para ampliar su capacidad. Si el Distrito no logra desalojar a estos invasores, que no son propiamente pobres, la obra no podrá terminarse, según la Concesión Vial de Cartagena. En caso contrario, la Transversal 54 estaría lista en cinco meses. Aunque debemos reconocer que la Administración distrital ha intensificado sus esfuerzos para desalojar a los invasores del espacio público de Cartagena, todavía queda mucho por hacer, empezando por lograr el compromiso de los cartageneros en la defensa de ese patrimonio colectivo, que debería ser zona de encuentro, desplazamiento y solaz. La invasión se debe al permisivismo continuado, aprovechado siempre con ánimos electorales, y a la aplicación generalizada de algunos fallos que crearon jurisprudencia de manera irracional. Aunque en ciertos casos, esta ocupación ilegal es la única forma de sobrevivir que tienen algunas personas realmente pobres, la tronera que abrió el concepto de “confianza legítima” sirvió para que se colaran por allí otros que han usufructuado el espacio público de manera cínica. El argumento de darle a esta práctica ilegal la naturaleza de solución a la pobreza y el desempleo, ha creado una tesis absurda que avala actuaciones ilegales –no sólo de los pobres y desempleados–, que en Cartagena ha llegado a extremos inaceptables. La reubicación puede convertirse en una política asistencial interminable, que ha demostrado ser inútil contra la pobreza, y demoledora para las finanzas estatales. La única salida racional al problema de los vendedores callejeros es el impulso de formas asociativas para crear negocios productivos, más allá de su función de intermediarios que sólo se dedican a la compraventa de mercancías. La Administración local debe continuar la recuperación del espacio público y garantizar que los desalojados no ocupen otros sitios, ni que lo despejado sea de nuevo invadido, en una acción ilegal indefinida y desgastante. También debe extender el desalojo a los invasores “de cuello blanco”, que abundan en Cartagena a la vista de todos. Y si esto fuera poco, le corresponde, además, trabajar con la Policía y la Fiscalía para desmontar las pequeñas mafias que manipulan a la masa de vendedores. Como se ve, no es una tarea fácil, y por ello se requiere la colaboración de la ciudadanía, que es al fin y al cabo la beneficiaria directa del espacio público, aunque para convencerla hay que demostrar que apropiárselo no paga, y que el espacio desalojado le será útil y podrá disfrutarlo a plenitud.
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