El Distrito y el sector privado turístico traen expertos nacionales e internacionales para estudiar las playas de Cartagena y proponer soluciones a sus problemas. Nuestras playas son de mala calidad con respecto a las demás del Caribe, de arenas blancas y aguas cristalinas. Salvo Playa Blanca, en Barú, la ciudad no compite con ningún destino caribeño de sol y playa. Si encima se encarama el acoso inagotable de los vendedores informales, la ciudad seguirá condenada al turismo de olla, que la ensucia, perjudica, y no fomenta empleo de calidad. La queja mayor de los usuarios de las playas y del sector turístico, locales, nacionales y extranjeros, es precisamente el acoso de los vendedores ambulantes. Su característica es el inmediatismo. Por la pobreza, inexistencia de empleo formal y sobre todo, por la falta de autoridad, las playas –en la práctica- ya las privatizaron los informales. Apenas se habla de reglamentarlas mediante concesiones, sus opositores gritan “privatización”, la palabra clave para estigmatizar su ordenamiento. Otros dicen que se deben ordenar, pero por el Estado y no por el sector privado. La concesión es un camino intermedio eficiente, bajo la vigilancia estatal. Quien abuse de una concesión, debería perderla. Las concesiones no son ideales, pero sí útiles. ¡Las hay hasta en Cuba! Hasta hace poco aquí las gestionaban en silencio, como en un submarino. Sólo emergía el periscopio para disparar el torpedo abusivo del otorgamiento a espaldas de la comunidad, y últimamente, hasta de fiscales abusivos. Eso cambió gracias a la actitud positiva de la Capitanía y de DIMAR. Las concesiones sin control, como algunas en la muralla, bloquean el paso a los transeúntes; ponen los objetos que deseen, no acordes con el entorno, donde quieran; le suben el volumen a la música hasta donde les parezca; y no les pasa nada. Reina la impunidad. Así no sirven las concesiones. Cuando se increpa a algunos favorecidos con concesiones, asumen una posición de amo a peón, porque “en el exterior es así”, y terminan dictando cátedra, y pasándose la ley por la faja. Cartagena no necesita concesionarios prepotentes, de aquí ni de fuera. Es indispensable que sea obligatorio conocer a los empresarios de carne y hueso tras las personerías jurídicas que aspiran a concesiones, y que se les lea la cartilla de sus obligaciones minuciosamente para que no quepa la discrecionalidad, protegiendo así a la población. La vecindad de Castillogrande, por ejemplo, ya sufre por la degradación a través del mal uso de sus playas, convertidas en muladar los fines de semana, y ahora se le quiere imponer una concesión a cómo dé lugar y en contra de su voluntad, a pesar de que el POT la hace imposible allí. Sus promotores –no conocidos hasta ahora- hablan a través de su abogado, quien asegura tener el apoyo del barrio, pero a este periódico sólo llegan quejas. La Alcaldesa debería imponer ya reglas de juego claras, mediante concesiones u otro mecanismo idóneo. El desorden en las playas no debería continuar, ni porque falten concesiones, ni mucho menos porque donde llegara a haberlas, se les permita abusar de la comunidad.
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