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El dique de Tacaloa

Ante la venta masiva de tierras en los Montes de María, en detrimento del bienestar campesino, el 3 de octubre de 2008, el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada de Bolívar adoptó una política de protección de predios, especialmente aquellos entregados a los campesinos por el fenecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

El Comité temía que la escasez de tierras impidiera el retorno a los Montes de María, y que provocara el desplazamiento de la poca población que había regresado. Esas parcelas habían sido labradas por los campesinos, pero no se las habían pagado al Incora, acumulando una deuda onerosa.
El Estado decidió venderlas para rescatar su plata. La única manera de lograrlo era que las compraran gentes pudientes, ya que si los campesinos no pagaron las deudas de capital e intereses durante los años de paz y producción, era imposible que las saldaran al regresar en la miseria económica y anímica, luego de tanta violencia.
Pero el 23 de febrero pasado, el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, atendiendo la tutela de campesinos que querían vender sus tierras en la antigua hacienda Tacaloa (tiene 1.600 hectáreas), próxima a El Salado, revocó las medidas de protección implementadas por el Comité, permitiéndoles a los campesinos vender las tierras, abriendo un boquete a la política de retorno propugnada por el Estado.
Afortunadamente, el 4 de mayo pasado, el Tribunal Superior del Distrito de Cartagena revocó la decisión del Juzgado de El Carmen, y la protección de las tierras está nuevamente en firme. El Comunicado emitido por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) lo explica así:
“Esta nueva decisión fue solicitada por la Defensoría, la Gobernación, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), en una acción interinstitucional liderada por la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB) de Bolívar, ya que la sentencia del Juzgado de El Carmen le abría peligrosamente las puertas a las compras masivas de predios incorados en los años 80 y 90 en los Montes de María, profundizando la concentración de la tierra y agravando aún más la crisis económica y social de la población campesina desplazada debido a varias décadas de violencia y masacres.”
El coordinador de la CNRR en Bolívar estima que en los Montes de María han cambiado de mano 70 mil hectáreas, vendidas a “precio de huevo” por los campesinos.
La inversión privada en predios grandes con fines agroindustriales no debería ser satanizada, pero sólo debería ocurrir cuando la necesidad de tierra de los campesinos haya sido satisfecha.
Todo el Estado tiene que intervenir masivamente en Montes de María para garantizar los servicios básicos de salud, educación, vías, energía y acueducto, ya que la tierra, aunque fundamental, no es el único elemento que le falta urgentemente a los montemarianos.
Por lo pronto, la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena le creó un dique a la venta de tierra en Tacaloa, y un precedente que debería quedar en firme en Montes de María.

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