En el 20 aniversario del asesinato de Luis Carlos Galán hemos podido recordar las expresiones del líder inmolado, como asegurar que el país no podría cambiar si primero no se le cambiaba la mentalidad a la gente. La expresión de Galán también le cae como anillo al dedo a la actitud de mucha gente con respecto al espacio público. Su ocupación ilegal en Cartagena parece más aguda y primitiva porque nuestro consenso básico acerca de los derechos y deberes ciudadanos está desdibujado de manera severa. El irrespeto a la legitimidad es tal que muchos de quienes gozaban de la “confianza legítima” para ocupar el espacio público y negociaron ese privilegio con el Distrito mediante la llamada “reconversión económica”, un mecanismo que permite darle un capital semilla al ocupante legalmente reconocido para que arranque un negocio formal en otra parte, recibieron el dinero y luego desconocieron lo pactado, regresando a los lugares que ocupaban antes, como en la avenida Venezuela. Esta actitud muestra una tendencia preocupante, ya que se constituye en un irrespeto a la ley y una falta de seriedad, pues ni siquiera intentan ocultar su desfachatez. Está claro que no sólo hace mucha falta lo que proponía Galán -cambiar de mentalidad- sino que también hay muchas personas que menosprecian la capacidad represiva legítima de las autoridades, y ponen sus derechos por encima de sus deberes. Es inaudito que los espacios públicos –incluyendo las vías alrededor del Mercado de Bazurto-, estén atiborrados de vendedores informales cuando buena parte de los locales del edificio están desocupados. Ya volvieron las carpas plásticas frente a las embarcaciones en la avenida del Lago, y otro pedazo de calzada está invadido más allá del edificio del mercado. Buena parte de la razón, por supuesto, es que la falta de autoridad local se viene acumulando de gobierno en gobierno y de un alcalde a otro en proporciones geométricas, de manera tal que la ley y sus representantes ya son vistos como inocuos por gran parte de la población. No hay decreto que no pueda ser respondido con insolencia, y cuando la ley actúa al fin, se habla de derechos violados, olvidándose los quejosos de los derechos colectivos pisoteados, especialmente el de la movilidad. En todas partes de la ciudad se nota el reto creciente de la informalidad. El esfuerzo del Distrito y del sector privado debería multiplicarse de manera exponencial, no sólo mediante el uso indispensable de la represión policial, sino a través de programas efectivos de empresarismo y formalización de los negocios. Por lo pronto, a la dirección de Espacio Público y al Alcalde de la Calle se les nota un brío que había faltado en la Administración para restituir lo invadido, y ojalá les alcanzara también para los grandes edificios de la Zona Norte que ocupan el eje de la carretera, y otras invasiones de cuello blanco, además de los invasores de la Ciénaga de la Virgen al otro lado de la vía. No se puede ganar legitimidad cuando sólo se reprime a los invasores pobres, dejando a los pudientes a su libre albedrío.
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