Con mucha frecuencia se oye decir a algunos políticos importantes –por ejemplo, a Antonio Navarro Wolff, recientemente- que el único camino para terminar con el conflicto armado en Colombia es el diálogo y la negociación con las guerrillas. Es una posición que normalmente sería sensata, porque dialogar le cuesta mucho menos a un país, que el desangre del conflicto interno, que deja un saldo negativo en vidas humanas, personas traumatizadas, familias destrozadas, además de todos los costos materiales que requiere la guerra de lado y lado. Si el presupuesto de defensa del Gobierno Nacional y el de guerra de las Farc se invirtiera en salud, educación e infraestructura, la transformación del país sería inmediata. Subiría el empleo formal, la producción, la productividad, la masa crítica de la economía, en fin, habría una transformación profunda, difícil de imaginar. Pero ya sabemos que las Farc no quieren dialogar, o al menos, el diálogo tiene otro significado para ellos que para el resto de los colombianos. Para las Farc, sería apenas determinar cómo sería la capitulación del Estado colombiano, y en qué forma se les entregaría el manejo del país. El paradigma convencional acerca del Estado y las guerrillas en Colombia ha sido que había que combatirlas hasta debilitarlas tanto, que no tuvieran camino distinto al diálogo, pero ese sí de paz, que para el grueso de los colombianos, quiere decir que dejen las armas. Pero las Farc dicen que no las dejarán jamás, con o sin diálogo, entre otras cosas, porque el único resultado aceptable para éstas, de cualquier negociación, sería –como ya dijimos- entregarles el poder, y así, automáticamente, serían las Fuerzas Armadas del país. El gobierno de Uribe acorraló a las Farc, y quizá las hubiera obligado a una negociación con desarme, como era la estrategia convencional de los últimos gobiernos de Colombia, si no contaran con el apoyo de Chávez en Venezuela, y por una parte del establecimiento del Ecuador, además de otras alianzas internacionales. El secuestro reciente de 5 personas en Tame, Arauca, por parte de las Farc, muestra que esa guerrilla no variará su modo de actuar, ni dejará de tratar de obtener el poder mediante las armas. Saben que el secuestro es la acción más temida por la ciudadanía, y calculan amilanar a los colombianos con los secuestros, especialmente de militares, políticos y empresarios. Quien asuma la Presidencia de Colombia tiene que mantener la presión sobre las guerrillas y demás grupos armados ilegales, porque con el oxígeno que les dé Venezuela, y cualquier error que cometa el Estado colombiano, las consecuencias y el retroceso podrían ser exponenciales. Todos los candidatos han ofrecido mantener la seguridad, pero tienen que tener claro que su postura no puede ser retórica, que las drogas ilícitas financian a todos los grupos ilegales, y que ninguno tiene el “negocio” en venta, por lo que la lucha tiene que ser dura y frontal, y con las aristas que le añadan los vecinos de Colombia. Con grupos armados envalentonados por el apoyo externo y la plata del narcotráfico, la paz negociada es un espejismo.
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