La solicitud de los indígenas del Cauca de que se desmilitaricen sus territorios y que se les dé el control de ellos ha sido sin lugar a dudas uno de los retos más grandes que le ha tocado enfrentar al presidente Juan Manuel Santos.
Feliciano García, consejero político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), dijo la semana pasada que estaban pidiéndole al presidente “garantías plenas para que el gobierno propio se desarrolle y funcione”.
Aunque de inmediato Santos respondió tajantemente que no se iba a desmilitarizar ninguna zona de Colombia ni el Gobierno renunciaría a cumplir su deber de garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos, aceptar la interlocución del juez español Baltasar Garzón indica que el presidente tiene al menos el propósito de hablar serenamente con los indígenas.
No es sencillo, ni jurídica, ni geopolíticamente acceder al pedido de los indígenas, y mucho menos en un territorio dominado por la insurgencia.
La Constitución de 1991 los reconoció como sujetos de derecho y en su texto hay un completo catálogo de esos derechos, fundamentalmente en territorio, autonomía, diversidad étnica y cultural, y participación política.
Los resguardos se convirtieron en entidades territoriales, para asegurar la protección de las tierras, de las formas de propiedad solidarias y de los recursos naturales de estos territorios, y empezaron a participar de los ingresos corrientes de la nación.
Como Entidad Territorial, los pueblos indígenas que viven allí pueden desarrollar sus conceptos de vida y su cosmovisión.
Tienen también derecho a la autonomía administrativa, presupuestal y de diseño de sus planes de desarrollo.
Pero en orden público, la Constitución es muy clara y en su artículo 330 dice que los consejos que gobiernen los territorios indígenas podrán “colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”.
Y aunque el artículo 246, les permite ejercer funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial, según sus propias normas y procedimientos, no pueden ir contra la Constitución y las leyes, de manera que no tienen cómo exigir la salida de las Fuerzas Militares de su territorio.
En cuanto a la geopolítica, la petición se vuelve inadecuada, inconveniente e incluso peligrosa: las Farc no van a retirarse en ningun caso, y así lo ratificó uno de los comandantes de esa guerrilla la semana pasada, porque es una zona estratégica que les sirve como corredor de movilidad y tráfico de drogas y armas.
La única opción que le queda entonces al Gobierno, además de mantener la presión militar en el Cauca, es consolidar su presencia como Estado, corrigiendo el abandono histórico en que ha mantenido a los pueblos indígenas.
Sería muy contraproducente que una vez anunciada por Santos la cuantía de la inversión del Gobierno en los territorios indígenas del Cauca, como lo hizo, ésta se demorara o no se concretara, como ha pasado con las regalías prometidas a los gobernadores en las regiones. Y además, quedarle mal al Cauca sería como darles la razón a las Farc ante las comunidades indígenas.
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