Aunque este año se avanzó enormemente en la restitución a los habitantes de Cartagena de las áreas de uso público invadidas, todavía es enorme la tarea que concierne a la Administración distrital para acabar con este problema. Los comercios callejeros siguen creciendo y en épocas como la Navidad y la temporada de fin de año, se establecen muchos con el aparente ribete de temporales, pero que sientan plaza con perpetuo ánimo de permanencia. Décadas atrás, empezó la invasión de aceras, calles y plazas y las Administraciones perezosas para afrontar con seriedad y tesón los tropiezos diarios de gobierno, escogieron la vía fácil de la tolerancia, escudándose en dudosos argumentos de corte social. Entonces, los ávidos clientelistas comprendieron que allí tenían un jugoso filón electoral, mientras los corruptos se encontraron con el negocio generoso de vender licencias y protección para los usurpadores de los bienes comunes. Comerciantes inescrupulosos han sacado ventaja de ese desorden que les permitió montar un sistema completo de distribución de mercancías con ahorro de significativos costos y evasión total de impuestos. No pagan arrendamiento por bodegas y almacenes, ni impuestos de industria y comercio, ni se dan facturas ni se paga IVA ni impuestos de renta; los trabajadores no tienen protección social y laboran jornadas sin límite, sin vacaciones ni primas ni cesantías; las cargas parafiscales se evitan, y se establece una red que favorece la distribución de mercancías hurtadas o de contrabando. Los intentos de restitución del espacio público a los ciudadanos se dificultaron en el pasado por algunas decisiones de jueces, que ignoraron el verdadero bien colectivo y legitimaron a los invasores insolentes y sus agresiones a los derechos de la comunidad. El problema no es sencillo, pues durante años desbordó a la autoridad y fue creciendo ante la ausencia de buena administración local. Los alcaldes de los últimos 30 años podrían desempolvar declaraciones en que manifestaron preocupación por el tema y recordar que contrataron estudios para hallar mágicos remedios. Ninguno, sin embargo, podrá afirmar que el asunto de las ventas callejeras y la ocupación del espacio público fue acometido con la prioridad que reclama, como un gran factor de desorden urbano y en especial en zonas críticas como el Centro Histórico. Buen gobierno es resolver problemas. Buen gobierno es manejar los recursos, por menguados que sean, atendiendo a prioridades racionales. Buen gobierno es saber colocar las conveniencias de la colectividad en el lugar adecuado, distinguiendo con exactitud y justicia dónde está el interés común. Ese buen gobierno no se vio por años y la consecuencia es que la invasión del espacio público se volvió indomable. Satisface ver que la actual Administración y su Oficina de Espacio Público hayan decidido no considerar este problema como insoluble, pero debemos aceptar que la sola voluntad no será suficiente para remediarlo. Por lo menos, ya la Alcaldesa mostró su decisión de encararlo, y el Concejo Distrital al parecer también está comprometido en solucionarlo. Desde luego, además de la voluntad, decisión y trabajo constantes, se requieren cuantiosos recursos para las indemnizaciones conocidas “confianza legítima” que la jurisprudencia implantó, reconociendo un derecho, sin considerar siquiera los derechos de los demás que desconocía. Por primera vez, además, hemos visto que la experiencia de otros países, como la de Ecuador, ha servido para estructurar la estrategia que se aplicará aquí. Sin embargo, mientras no se frene drásticamente la ocupación del espacio público, el problema seguirá, lo que a fin de cuentas es algo así como echar plata en saco roto.
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