La Cruz Roja Colombiana y el Ministerio del Interior reportaron que la actual temporada invernal en Colombia ha dejado hasta ahora 72 muertos y unas 700 mil personas afectados, además de 577 viviendas destruidas y 122 mil averiadas. La actual época de lluvias ha causado problemas en unos 400 municipios de 27 de los 32 departamentos del país, de los cuales Sucre, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Antioquia, Magdalena y Guajira son los más perjudicados. Aunque se trata de un invierno especialmente duro y dañino, por la intensidad y frecuencia de las lluvias, sus consecuencias no han variado sensiblemente con respecto a las que dejaron otras temporadas de años anteriores, cuando fueron afectadas prácticamente las mismas regiones que ahora. El viernes pasado, el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, dijo en Medellín que se habían comenzado a realizar las adiciones al Presupuesto para atender a estos 700 mil damnificados, pues ya se agotaron los recursos destinados a este fin, que fueron insuficientes debido a la intensidad y crudeza del invierno este año. Las adiciones de que habló el Ministro se invertirán en acciones de mitigación del sufrimiento de los damnificados y, según dijo el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en apoyo económico a los agricultores afectados por el invierno. Es decir, en remediar lo que ocurre siempre, año tras año, con variaciones sólo en la cantidad de personas perjudicadas y pueblos inundados. Las palabras del ministro Vargas Lleras en Medellín suenan a justificación: “No habíamos tenido un invierno peor que este, se nos agotaron los recursos, estamos que no damos abasto”. Por supuesto, el actual Gobierno ha heredado una situación que se ha presentado así en los últimos 60 ó 70 años, si no más, y lo que más contribuye a empeorar la situación de los damnificados es que no existe un programa integral y coherente de prevención de un riesgo suficientemente conocido en todas sus características. Es difícil entender que todos los años se desplomen los mismos diques y jarillones de protección en los mismos pueblos ribereños, que se inundan con las corrientes impetuosas de los mismos ríos, y causan los mismos destrozos. En la época invernal de cada año, los medios de comunicación repetimos titulares anunciando que la Cruz Roja “decidió activar un plan nacional de contingencia para afrontar la llegada de las intensas lluvias”. Repetimos también crónicas sobre familias que quedaron en la calle y publicamos idénticas fotos de personas con el agua hasta el pecho, tratando de salir de sus casas inundadas. Lo único que parece funcionar en el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres es la oficina encargada de recopilar las estadísticas de pueblos afectados y personas damnificadas. ¿No habrá una manera de evitar los perjuicios que causan las inundaciones, los deslizamientos y las tormentas eléctricas, en las mismas regiones vulnerables, cuya fragilidad e indefensión han sido detectadas plenamente durante décadas enteras de este fenómeno? Seguramente, una dosis de voluntad política podría dar lugar a acciones más eficaces que la simple recopilación de cifras, la repartición de colchones y alimentos no perecederos, y las advertencias a la gente para que se vaya de sus casas en riesgo hacia ninguna parte. Sabemos mucho de atención de desastres, y ya es hora de enfocarnos en su prevención.
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