El nuevo predial, ¿un fiasco?

La actualización del avaluó catastral y el consecuente aumento en el impuesto predial han causado una molestia considerable en varios círculos de Cartagena porque muchas personas consideran que su incremento es desmedido y podría resultar en un desestímulo para pagar impuestos, y por lo mismo mermaría el recaudo. Quizá a nadie en el mundo le gusta pagar impuestos, aunque hay algunos países en los que se los devuelven a los ciudadanos en educación pública de calidad óptima, un sistema de salud estatal con clínicas y hospitales modernos y razonablemente eficientes, calles y carreteras buenas, seguridad, tranquilidad, en fin, los ciudadanos obtienen una buena calidad de vida a cambio de sus impuestos. La actualización catastral de Cartagena, según el Consejo Gremial de Bolívar (CGB), fue llevada a cabo sin la participación de los ciudadanos interesados, como sí ocurrió en Bogotá, además de que allá daban informes públicos acerca del avance del estudio para- según el CGB- “neutralizar problemas como los que en el pasado se actualizaron ante procesos similares y que ya se comenzaron a observar en el presente…;”. Aunque hay casos concretos de actualizaciones catastrales desorbitantes, por no conocer exactamente cómo se llevó a cabo el proceso por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), no se sabe si estas exageraciones son atípicas. Sí se sabe, sin embargo, que el Secretario de Hacienda del Distrito había anunciado antes que el incremento en el valor de los predios fluctuaría entre 20% y 25%, lo cual sería razonable teniendo en cuenta que desde hace cinco años no se actualizaban los catastros. Sorprendió entonces cuando el IGAC anunció el 26 de diciembre que se había casi duplicado el valor de los predios en la ciudad, y en algunos casos el aumento sobrepasó el 100%. Hay al menos dos factores negativos, y uno influye sobre el otro. La falta de divulgación hizo que cualquier resultado sea sorprendente, y por este factor de discrecionalidad del IGAC, los contribuyentes pierden la confianza en la institución y en el proceso. Así las cosas, no demorarán en llamar a los contribuyentes algunos supuestos “intermediarios”, quienes alegarán tener influencia dentro de la entidad –así no conozcan a nadie allí- para ofrecerse a obtener una revisión de la actualización catastral para reducir los avalúos a cambio de alguna dádiva. Si esto ocurriese, las víctimas deberían denunciarlo de inmediato para protegerse, y proteger también la reputación del IGAC de semejantes avivatos. Un tercer factor de perturbación en la actualización catastral –como ya sugerimos- es que carece de gradualidad, y aunque los avalúos fuesen acertados, el golpe del incremento, así de sopetón, es casi imposible de pagar en un país con una crisis económica, e inserto en un mundo en recesión. ¿Cómo pueden subir tanto los precios en una economía en crisis? ¿Es jurídicamente procedente un incremento tan abrupto? Quizá la solución ahora sería remediar parcialmente la falencia del proceso: explicar mejor cómo se llegó a las actualizaciones, y determinar si los incrementos se ajustan a la ley.