Medidas cautelares y restablecimiento de derechos sustentados en procedimientos insólitos son algunas decisiones de un fiscal de Cartagena contra la Administración de la alcaldesa Judith Pinedo, en una arremetida, cuyos detalles hacen sospechar la existencia de algo más que un serio y riguroso cumplimiento de la función investigadora. Primero fue la solicitud de audiencia que hizo el Fiscal 16 de Cartagena a un juez de garantías, para imputación de cargos y medida de aseguramiento a la Alcaldesa por considerar que hubo presuntas irregularidades en el reajuste de las tarifas del servicio de aseo que presta el consorcio Urbaser. Antes de notificarle a la mandataria local, la solicitud del fiscal se difundió en algunos medios, quebrantando la reserva. Esa circunstancia y el examen del documento del fiscal motivaron a la Fiscal 20 Delegada ante la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administración Pública, en Bogotá, a retirar la petición, con lo cual el proceso debió empezar de cero en la capital. La Fiscalía Seccional 16 ya había actuado contra la Administración distrital, con un oficio, en el que le dice a la Secretaría de Planeación que queda sin efecto un informe técnico emitido a solicitud de Witri LTDA para tramitar una concesión en las playas de Castillogrande, pues otro informe de un agente del CTI lo desvirtuaba. Para dejar sin efecto el primer concepto, por la presunta falsedad que el Fiscal 16 alega, debió presentarse como sustento la investigación penal respectiva, sobre la cual no se conocen detalles. Pero lo pertinente no era imponer otro concepto, el de un arquitecto, basándose en el informe de un agente del CTI, que suponemos no se refiere a la concesión de playas en sí, porque no es su especialidad, sino a la falsedad que denuncia el Fiscal. Si no se ha demostrado la falsedad ni han sido condenados sus autores por un juez, se presume que el concepto de Planeación es legítimo y por tanto, no hay todavía derecho que restablecer. Por otra parte, suponemos que en riguroso cumplimiento de su función de control político, unos concejales decidieron acudir a la Procuraduría para denunciar a la Alcaldesa y a su asesora jurídica, por la misma presunta irregularidad del alza de las tarifas de aseo, cuya investigación penal debió ser trasladada a Bogotá debido a inconsistencias en la que se adelantaba aquí. Cualquiera puede presumir que no confían en la investigación de la Fiscalía en Bogotá, ya que no esperaron a que culmine, pero que sí creen en la del Fiscal 16, rectificado por instancias superiores. Los mismos concejales participaron en la estrategia de dilatar la aprobación de un proyecto que se estudia en las sesiones extras, para la concesión de dos megacolegios, y obligaron a prorrogarlas, porque no les gustó la respuesta de una funcionaria distrital a su petición de un informe sobre las acciones para controlar el uso de Internet por menores en los SAI y cibercafés. Decepciona que se haga uso de tan valiosa herramienta democrática, como es el control político, para impulsar lo que parece ser, si se tiene en cuenta esta sospechosa concatenación de hechos, una ofensiva para sacar a la Alcaldesa de su cargo.
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