Para el presidente Juan Manuel Santos, la reforma al Régimen de Regalías, cuyo acto legislativo se promulgó ayer, hará posible que todas las regiones de Colombia participen de las riquezas del subsuelo colombiano.
Las regalías son la contraprestación económica que se le paga a los entes territoriales en cuya jurisdicción se explotan recursos naturales no renovables o funcionen puertos que prestan el transporte de esos recursos, como compensación por el daño ecológico y social que tales actividades originan.
Santos, en una intervención pública en Tumaco, reiteró lo que había dicho cuando presentó el proyecto a consideración del Congreso, para reformar los artículos 360 y 361 de la Constitución: que la iniciativa se basaba en los principios de ahorro para el futuro, equidad social y regional, competitividad regional y buen gobierno.
La reforma crea los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo Regional; Compensación Regional; y de Ahorro y Estabilización, que se suman al Fondo para el Ahorro Pensional Territorial, que recibirán el mayor porcentaje de los recursos.
En el caso de los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Desarrollo y Compensación Regional, se crean unos órganos colegiados de administración que se encargarán de ejecutar los recursos de inversión, y que tendrán representación mayoritaria de las entidades territoriales con respecto al Gobierno nacional.
La Ley de Regalías, como se han quejado los principales promotores de la Región Caribe, fortalece el manejo centralizado de estos recursos, que no harán parte del Presupuesto Nacional ni del Sistema General de Participaciones, porque ya no podrán gastarse según los criterios de los entes territoriales, sino en obras que vayan en armonía con el conjunto de prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Y aunque el Fondo de Compensación Regional fortalecerá la financiación de proyectos de impacto regional o local en los territorios más pobres del país, será manejado por el Gobierno nacional y una junta de alcaldes y gobernadores, con una duración de 30 años, aparentemente muy poco tiempo para impulsar el desarrollo en zonas profundamente deprimidas y azotadas por la corrupción y la ineficiencia.
Esta vez se establecieron los criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas, población y desempleo, para escoger las regiones donde se invertirá, siempre desde la óptica centralista, que no está exenta de la amenaza de la corrupción y cuyo criterio no se nutre con el conocimiento directo de los problemas regionales.
Igual ocurre con el Fondo de Desarrollo Regional, liderado por el Gobierno nacional y con participación de alcaldes y gobernadores, que no podrán promocionar las obras que requiere su región, sino con base en indicadores de pobreza, eficiencia del gasto público y equidad regional, de manera que los entes territoriales mal gobernados en el pasado, aunque ahora tengan un buen gobierno, verán disminuidos los recursos para inversión en obras.
El asunto es que ya la ley está sancionada, y mitigar sus problemas centralistas sólo será posible en el proyecto de ley que ajuste el régimen de regalías al nuevo marco constitucional, porque todavía hay mucha confusión en el grado de ejecución directa de las regalías que pueden hacer las regiones.
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