Antes de la medianoche del jueves, el presidente Santos anunció en la televisión que devolvería al Congreso con objeciones el acto legislativo de reforma a la justicia, para que le fueran eliminados los puntos añadidos por los 12 conciliadores.
Ayer muy temprano, diferentes especialistas en derecho constitucional conceptuaron que la Constitución no tiene artículo alguno que faculte al jefe del Estado para devolver objetadas las reformas que el Congreso decida hacerle, puesto que son actos legislativos autónomos que no necesitan la sanción presidencial.
Otros, por el contrario, esgrimen que Santos podría basarse en cierta jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la Ley Quinta de 1992 (Reglamento del Congreso), donde se señala que a las reformas constitucionales hechas por el Congreso se les pueden aplicar las mismas reglas de procedimiento de las leyes ordinarias.
Las reacciones de funcionarios gubernamentales y congresistas, terminaron de enredar este laberinto jurídico y político, empezando por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien el miércoles en la noche había felicitado a los parlamentarios y especialmente a los conciliadores por la aprobación de la reforma, y ayer reconoció que no había leído ni estudiado a fondo el texto final.
Le siguió el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, quien aceptó haber firmado la reforma para aprobarla, sin leer tampoco su texto final.
Seguramente, la mayor parte de los 60 senadores y 115 representantes que aprobaron el acto legislativo tampoco lo hicieron, por lo cual organizaciones de la sociedad civil los denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia.
En medio del debate sobre la posibilidad de devolver la reforma al Congreso, demandarla ante la Corte Constitucional o proponer un referendo revocatorio, surgió otro concepto que dice que el texto final es inconstitucional porque en la conciliación no se puede añadir textos que no estén en los proyectos aprobados por las plenarias de Senado y Cámara, sino decidir sobre los puntos en los que no se está de acuerdo.
El ministro del Interior terció en el debate y dijo que mientras no se publique en la gaceta oficial la reforma no tiene vigencia, pero extrañamente y en contra de su denominación de parlamentarios, ayer no se vio parlar a los congresistas, que, como define el diccionario de la RAE, es “hablar con desembarazo o expedición”.
La acción inaudita de los conciliadores al aprobar el texto final de la reforma, no es sólo una vergüenza internacional que deja muy mal la esencia del sistema democrático colombiano, sino que –peor que lo anterior- descubre grandes vacíos constitucionales y la facilidad con que se pueden modificar conceptos fundamentales políticos y jurídicos, según las conveniencias personales o de grupos.
Tan absurdos y kafkianos como las consecuencias de la acción del Congreso son los remedios a disposición para corregirlas. Quizá la solución sea un referendo para revocar la reforma a la justicia, aunque después de lo que acaba de pasar en el Congreso, no se puede dudar de que haya parlamentarios dispuestos a cualquier patraña nueva para salirse con la suya. Vergüenza tienen muy pocos.
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