El trámite de la reforma a la justicia

El proyecto de reforma a la justicia radicado por el Gobierno en el Congreso produjo ayer la primera gran controversia conceptual entre las altas Cortes y el presidente Juan Manuel Santos, al punto que los representantes del poder Judicial anunciaron que pedirían una veeduría internacional al trámite de la iniciativa.
 La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado expidieron un comunicado conjunto en el que se muestran preocupados por el contenido del proyecto de ley, pues lo consideran riesgoso para la autonomía de la justicia, ya que, a su juicio, “desdibuja” la separación de poderes instituida en la Constitución y “pone en aprietos la democracia misma”, pues concentra más poder en el Ejecutivo.
Otra objeción al proyecto de las altas Cortes es que no ofrece soluciones de fondo para el gran problema que padece el sector judicial: la falta de recursos para cumplir adecuadamente con su labor.
También se quejan de que el proyecto se presenta “como resultado de un desgaste y un diálogo inane, al cual fueron sometidas las altas Cortes de manera innecesaria durante un año”, es decir, que la mayoría de sus opiniones no se tuvieron en cuenta. 
El presidente Juan Manuel Santos respondió rápidamente estos cuestionamientos, empezado por asegurar que respeta la autonomía de la rama judicial y dijo que a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre las altas Cortes y el Gobierno sobre la reforma, es el Congreso el que decidirá la viabilidad de la misma, con lo cual se mantiene el equilibrio entre las tres ramas del poder.
En términos generales, se conoce que el proyecto de reforma a la Justicia presentado por el Gobierno se propone modificar 25 artículos de la Constitución, y las altas Cortes están en desacuerdo con propuestas como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la reglamentación de la tutela contra sentencias, la doble instancia en el juicio a congresistas y la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la irretroactividad de la jurisprudencia, el otorgamiento de las funciones jurisdiccionales a más personas y el aumento en la edad de retiro y experiencia de los magistrados.
En teoría, el argumento del presidente Santos de que se deje al Congreso decidir sobre la reforma a la justicia es el más correcto en términos del funcionamiento de una democracia y rebate a su vez el cuestionamiento sobre la división de poderes.
Sin embargo, incluso considerando el excelente desempeño del Congreso en la pasada legislatura, hay todavía ciertas dudas sobre la independencia con que se acometerá la discusión, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha enjuiciado y encarcelado a muchos congresistas, con lo cual es posible que las discusiones no sean de fondo porque entrarían en juego intereses políticos, en el caso de la doble instancia o de los procesos de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, por ejemplo.
La única manera de garantizar una discusión a fondo y ajena a los intereses políticos de la reforma a la justicia, es que su trámite sea absolutamente transparente, con acceso pleno a los medios y con informes frecuentes sobre los avances.