Hace unos días, El Universal informó que dos comerciantes de San José de Los Campanos fueron condenados a 36 meses de cárcel “por infringir el decreto que prohíbe los bailes con picó y por ser reincidentes”.
Según dicha nota, “Se conoció que los comerciantes insistieron en hacer el mismo juego de…;muchas personas en la ciudad que siguen usando sus máquinas de sonido…;en zonas residenciales: los apagaban o bajaban el volumen cuando llegaba la Policía y los volvían a prender cuando los agentes se iban”. Ahora solo falta que el juez determine si les da casa por cárcel o los envía a Ternera.
Aplaudimos al señor juez por esta sentencia y su coraje, porque no faltará a quienes les parezca que fue excesiva. Quienes piensen así desestiman el sufrimiento de las víctimas de las personas, como los hoy reos, que carecen de consideración por su vecindario y suelen ser agresivos con quienes les pidan bajar el volumen de sus aparatos.
Lástima que algunas personas –como los condenados- no entiendan que ninguna actividad suya puede ser permitida en perjuicio de la comunidad y la música a gran volumen es una agresión directa e insoportable contra los ciudadanos inermes.
El 4 de junio pasado fue detenido el súper picó Rey de Rocha por la Policía para que la Dian inspeccione la legalidad del equipo. Es una de las máquinas de mayor volumen de la ciudad que opera, según dijo su dueño a El Universal, con todos los permisos legales, contrario a los dos comerciantes condenados y a miles de abusivos con equipos domésticos.
En el caso de los picós que operan con permisos, es obvio para cualquiera que no es más que una formalidad, porque nadie les controla el volumen y enloquecen a la gran mayoría de los vecinos que quieren descansar mientras una minoría de personas de parranda los mantienen atormentados y despiertos durante muchas horas.
La justificación del dueño del Rey de Rocha es que además de ser legal su operación, emplea a unas 50 personas. Es exactamente el mismo argumento de quienes hacen ruido en los bares, barcos nocturnos en la bahía, restaurantes al aire libre y chivas parranderas del estrato 6, como si el derecho al trabajo de unas pocas personas -y el de lucro de los propietarios-, fuese más importante que el derecho al descanso de cientos de personas perjudicadas por el ruido.
El señor juez debería darse una rodadita por algunos lugares residenciales de estrato 6 para que también proceda en contra de estos infractores, que se creen con el derecho de impedir el descanso de barrios enteros.
Los empresarios serios, como el dueño del Rey de Rocha, tienen una ocasión dorada para cambiar el paradigma de las torres gigantescas de sonido agresivo, por muchos parlantes pequeños al estilo del “teatro en casa”, para crear un sonido más amigable con la comunidad.
La música a volumen alto no es un acto “cultural” válido, sino una insolencia, abuso y desconsideración con el prójimo, que las autoridades tienen que continuar reprimiendo.
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