El retorno del depuesto presidente Manuel Zelaya a Honduras, como todo lo que ha rodeado este melodrama político, se convirtió en una confrontación de hipocresías y de ingerencias extranjeras, que sólo podrán desembocar en dos posibles escenarios. El positivo sería la negociación para buscar una salida a la crisis generada por el derrocamiento de Zelaya el pasado 28 de junio. El negativo, la mayor polarización de la ciudadanía y la consecuente ola de violencia. Por supuesto, el presidente venezolano Hugo Chávez encendió el motor de la provocación y la burla, para inducir la toma de decisiones apresuradas e imprudentes, llamando a la solidaridad continental con causas que van más allá que la restitución de Zelaya, sugiriendo que el pueblo hondureño debe pronunciarse sobre la vigencia de la actual Constitución, a través de la consulta popular que causó la crisis actual. Es decir, Chávez exige el regreso de Zelaya al poder en nombre de la misma Constitución a la que sugiere reformar mediante consulta, por considerarla obsoleta, invocando principios fundamentales como la democracia y la libertad, que su propio gobierno no parece respetar, a juzgar por los atropellos contra los medios de comunicación que lo confrontan. Otra posición contradictoria es la de Zelaya, partidario hasta el lunes de la solución planteada en el llamado “Acuerdo de San José” –que propuso el presidente costarricense Óscar Arias–, pero que ayer rechazó tajantemente, porque implicaría el regreso al poder bajo las mismas condiciones en las que fue electo, es decir, desistiendo de la consulta popular y sus deseos de reelegirse. Los sectores políticos que hacen parte del gobierno provisional consideran que Zelaya debe responder ante la justicia por los delitos que se le imputan y que, según la Constitución, implican su retiro del poder. La tensión se agrava con los rumores de movilización de tropas nicaragüenses a la frontera con Honduras y con la posición de algunos sectores radicales afines a Chávez, que proponen, además del regreso de Zelaya al poder, una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar una nueva Constitución, en la que se prohíban las bases militares extranjeras, como la que tiene Estados Unidos en Palmerola de San Pedro Sula. El peligro de esta polarización es que puede desembocar fácilmente en una guerra civil, cuyas dimensiones pueden imaginarse al observar la beligerancia de los partidarios de Zelaya que salen a las calles en desbocada manifestación de apoyo. Honduras, Un país que, como casi todos los de América Latina, tiene una enorme desigualdad en la distribución del ingreso, es el caldo de cultivo perfecto para la desestabilización instigada por Venezuela y Nicaragua. Lo ideal para la democracia fuera que se restituyera a Zelaya en el poder, que la Corte Suprema y el Congreso le formularan los cargos que motivaron su destitución y se realizara el juicio correspondiente, sin suspender las elecciones, de manera que el año entrante se posesione un nuevo presidente, y que cualquier propuesta de consulta popular para reformar la Constitución siga su trámite legislativo y el control judicial. Pero esto es un sueño irrealizable, porque resulta claro que en Honduras no sólo está en juego el destino de una nueva ficha en el ajedrez geopolítico de América Latina, sino posiblemente una ruta valiosa para el narcotráfico y el tráfico de armas.
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