Unos dos mil líderes estudiantiles de distintas regiones de Colombia permanecían reunidos ayer a puerta cerrada en la sede de la Universidad Nacional de Bogotá, para decidir si el próximo martes regresarían a clases, luego de que el presidente Santos oficializó en el Congreso la solicitud de retiro del proyecto de reforma a la Ley 30.
Según uno de los miembros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), es una decisión que no pueden tomar los dirigentes de la agremiación, sino la asamblea de más de mil delegados de todo el país, por consenso.
Ayer, uno de los voceros de la Mane expresó que había tres condiciones que llevaron a los estudiantes a realizar el paro: el retiro del proyecto, la creación de una metodología con esquemas democráticos y la participación de todos los sectores universitarios para discutir y redactar el nuevo proyecto, y el respeto al derecho a la protesta.
La primera ya la aceptó el presidente Santos y para refrendarlo dio el primer paso de solicitar el retiro al Congreso, la tercera quedó cumplida con la realización de la marcha del jueves, que fue aceptada sin problemas por el Gobierno y las autoridades de Bogotá.
En cuanto a la segunda condición, el propio jede de Estado dijo ayer que la semana entrante espera que conjuntamente se establezca la metodología, los procedimientos, “para hacer de esta reforma una reforma concertada, donde todo el mundo quede contento, para que sea una reforma que realmente pueda aportarle a la educación superior".
Por supuesto, algunos sectores políticos comenzaron a ejercer presiones sobre la organización estudiantil y a enrarecer el ambiente de la discusión, como la exsenadora Piedad Córdoba, quien el día de la protesta, desde una tarima, pidió a los estudiantes que no levantaran su protesta porque el Gobierno les “haría conejo”.
Una recomendación inconveniente, sesgada y obstructiva, proveniente de quien no ha participado de manera provechosa hasta ahora en el debate sobre la educación superior, ni se ha preocupado nunca por el tema.
La demora en adoptar la decisión de levantar el paro es la señal menos clara que pueden dar los estudiantes de su verdadera voluntad de ayudar a construir un sistema de educación superior de calidad, democrático y accesible.
Ya el presidente ha dado todas las garantías de que entre todos, estudiantes, profesores y Gobierno, van a diseñar un nuevo esquema que regule el funcionamiento de las universidades, que asegure el fortalecimiento de las instituciones públicas y que le abra las puertas a más bachilleres.
Tampoco se justifica que estén recogiendo firmas para exigir la renuncia de la ministra de Educación, aunque Óscar Aponte, vocero del Mane, dijo explícitamente a la prensa que su lucha no es para que la ministra, renuncie sino contra el modelo educativo que se está planteando desde hace 20 años. Una renuncia, entre otras cosas, que no resuelve nada y que sólo tiene el significado de un golpe de presión, muy lejano del principio de democracia participativa que reclaman los estudiantes.
La única decisión madura y seria que pueden tomar los estudiantes es levantar el paro y empezar de inmediato un proceso de diálogo con la participación de los rectores, profesores y el gobierno.
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