El comandante de la Policía en Bolívar, coronel Jorge Octavio Vargas M., anunció un escuadrón móvil anti picós apoyado por 200 agentes. Un estudio criminológico estableció que “en torno a los picós se cometen delitos de alto impacto, como homicidios, lesiones personales y tráfico de alucinógenos, así como accidentes de tránsito”.
La iniciativa, apoyada por los alcaldes del departamento, se inició en Arjona. Allí capturaron 22 delincuentes, recuperaron 2 vehículos y una motocicleta, inmovilizaron 45 motocicletas e incautaron 11 armas de fuego. En el mismo operativo, decomisaron “una granada de fragmentación y tres de aturdimiento, además de 1.238 dosis de sustancias alucinógenas, 38 botellas de licor adulterado y 15 picós que estaban funcionando pese a que la Alcaldía los prohibió mediante decreto”.
La Policía habló de la criminalidad, pero le faltó decir que nadie tiene derecho a obligar a los demás a oír su música a todo volumen, e inclusive, a ningún volumen. Además de que la ley prevé decibeles mínimos y máximos en zonas urbanas y rurales, respetar los derechos ajenos es básico para la convivencia, y el problema de los picós y de los equipos de sonido particulares que invaden la privacidad de los demás, arranca desde ahí: atropellan el derecho colectivo al descanso y a la tranquilidad.
Argumentar que el ruido desmedido de los picós es parte de la cultura afro y que controlarlos es un acto racista, además de cinismo, es un insulto a los afrocolombianos, principales víctimas de los picós y demás equipos de sonido en los barrios marginales de Cartagena.
El flagelo del ruido también lo promueven los jóvenes en los barrios de estratos medios y altos, y también necesitan un escuadrón móvil, al igual que los barcos turísticos en las noches de la bahía, entre muchos otros elementos que producen ruido como negocio, siempre a expensas del bienestar de la comunidad y siempre reclamando impunidad basados los unos en que crean empleos y los otros en el derecho al trabajo.
La Policía en Bolívar advirtió que no quiere “estigmatizar la actividad de los picós, sino mantener el orden y garantizar la seguridad ciudadana en las poblaciones, atacando las actividades ilícitas que se desarrollan alrededor de estos espectáculos populares”.
Estamos de acuerdo con la Policía, y también con los picoteros de avanzada, que entienden que su negocio tiene que ser reglamentado para que no moleste a nadie y para que los malandros no usen sus eventos para vender drogas ilícitas, atracar, pelear y matar.
El escuadrón móvil de la Policía debería poner sus oídos en los equipos escandalosos a la entrada de Turbaco, de los cuales es víctima, entre muchos otros, el propio alcalde del pueblo. También, en múltiples negocios rurales que organizan eventos con equipos de sonido escandalosamente altos, incluidos festejos religiosos mal denominados cristianos, porque los que lo son de veras nunca abusan de sus vecinos.
Allí y en muchas otras partes se necesita el escuadrón anti equipos de sonido, que incluiría a los picós, pero sin limitarse a ellos. El ruido de todos es injustificable.
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()