Espacio público marino

Cristian Valencia, columnista de un periódico de Bogotá, escribió el pasado fin de semana un artículo advirtiendo sobre la necesidad de defender el paisaje público de la bahía en Santa Marta que, a su juicio, ha sido tomado por la Marina Internacional, con la autorización de la Dimar.
Se queja Valencia de los letreros de “No Pase” que fueron instalados en la mitad de la playa y de la extensión de los tajamares sobre el espacio público de la bahía, asumiendo que era propiedad privada.
Este caso es de interés e incumbencia de los cartageneros porque eventualmente se instalarán aquí marinas como la de Santa Marta, teniendo en cuenta el potencial enorme que este tipo de proyectos tiene para generarle recursos a la ciudad.
El punto central de la discusión que empieza a darse en Santa Marta es el alcance de las autorizaciones que concede la Dimar para el aprovechamiento de las zonas de playa y los terrenos a orillas del mar.
En el artículo 15 de la Ley 768 de 2002, llamada Ley de los Distritos –que establece el régimen político, administrativo y fiscal de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla–, se deja en manos del alcalde mayor la atribución para otorgar permisos en relación con la ocupación de playas, previo concepto técnico favorable de la Dimar.
También fija esa Ley las condiciones para declarar áreas del territorio distrital como recurso turístico, con el fin de regular su aprovechamiento y uso en proyectos de explotación turística, entre ellos las marinas.
Es importante que tanto la Administración distrital de Cartagena, como sus autoridades turísticas y portuarias conozcan el proceso seguido en Santa Marta, para que no se repitan aquí los problemas que pudieron dar lugar a la polémica que empieza a generarse en torno a los límites de la concesión otorgada para el funcionamiento de la Marina Internacional.
Al parecer, tal concesión se otorgó sobre una construcción que en los planos tenía bajo impacto visual y ambiental, pero finalmente -según sus críticos- se hizo una obra protuberante y que obstaculiza la visual paisajística de la bahía.
Tanto la Marina Internacional de Santa Marta como las que se proyecten construir en Cartagena traerán beneficios indudables a las dos ciudades, empezando por la creación de empleo, pero es necesario que se clarifique hasta dónde pueden los concesionarios limitar el acceso de la gente a sitios que son tajantemente definidos como imprescriptibles y no sujetos a privatización, y hasta dónde podrían responder las marinas a los dueños de embarcaciones si cualquiera pudiera entrar en ellas.
En Cartagena estaba ocurriendo un caso similar, con un establecimiento autorizado para funcionar en las murallas que intentó restringir el libre paso de las personas a través de ellas.
Las marinas son una inversión que debe dar utilidades, pero también deben ser proyectos integrados a la ciudad donde se construyan, sin impedir el disfrute colectivo del paisaje público, y a es a las administraciones distritales a las que corresponde que así sea, porque tienen facultades para ello, concedidas por la Ley de los Distritos.