Una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, dedicada a la convivencia y seguridad ciudadana, se propuso combatir el crimen y la delincuencia, a través de la gestión territorial de convivencia, la ejecución de políticas de prevención y el fortalecimiento operativo de la Policía. Para formular los planes de acción, se tomó como base el “Programa de apoyo a la Convivencia y Seguridad Ciudadana”, financiado por el BID, cuyo objetivo era la disminución de la violencia e inseguridad en las ciudades, “a través de acciones tendientes a prevenir, contrarrestar y controlar aquellos factores identificados como asociados con hechos delictivos y de violencia”. Se desarrollaron sistemas de información y bases de datos sobre crímenes y acciones delictivas, confiables y oportunos, y se ejecutaron planes de apoyo a la Policía, en infraestructura y equipos. El programa bandera de la seguridad ciudadana se llama “Departamentos y Municipios Seguros”, a cargo de la Policía Nacional, y ha servido para formular estrategias territoriales, a cargo de alcaldes y gobernadores. En Cartagena y Bolívar, las políticas de seguridad mantuvieron el mismo objetivo de este programa nacional: mejores índices de seguridad, a través de la gestión territorial de la convivencia y seguridad ciudadana, pero su éxito depende críticamente del apoyo permanente del Gobierno nacional. A las autoridades territoriales se les recomendó aumentar la inversión en acciones de prevención, disuasión y reacción a conductas violentas, y sobre todo intensificar la coordinación entre Policía y autoridades locales. Al observar con preocupación la ola criminal que inunda a Cartagena, y comprobar que gran parte de los asesinatos en la ciudad tienen que ver con la lucha territorial entre los pequeños narcotraficantes y entre las bandas criminales emergentes, es obligatorio preguntarse si la mencionada política de seguridad ciudadana se aplicó aquí con rigurosidad, si se utilizan los sistemas de información y bases de datos nacionales, y si el Gobierno nacional la ha estado apoyando a plenitud. Muchas acciones puntuales están en marcha, como los frentes de seguridad, la línea antisicarial, las recompensas, el incremento del pie de fuerza y de los patrullajes, pero no hay señales inmediatas de que estén resultando, porque todos los días es asesinada a bala otra persona en Cartagena o en sus alrededores. El problema no es sencillo de solucionar, pero antes de anunciar nuevas estrategias o paquetes de medidas especiales, sería bueno repasar lo que se ha hecho, identificar las debilidades y corregir aquello que fracasó. Es obvio que la Alcaldía y la Policía Metropolitana tienen limitaciones para encarar esta lucha contra el crimen, puesto que están en el medio bandas criminales de alcance nacional, y por tanto, también parte la estrategia debe ser nacional. De todas formas, no estaría de más que las autoridades distritales vuelvan a consultar la memoria documental extensa del Departamento Nacional de Planeación, sobre las políticas y las experiencias de seguridad ciudadana desde 1998, y si hay que replantear la lucha contra el crimen, tomar la decisión de inmediato. Cartagena tiene que frenar en seco la criminalidad que mina sus entrañas.
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