Editorial


Gobierno y familia

Cuando el pueblo elige a una persona para desempeñar un cargo, no elige también a la familia para que influya y mande dentro de la administración pública. Ese precepto tan sencillo como obvio les cuesta trabajo entenderlo a muchas personas y algunas terminan “enredadas”.
Un veterano político con seriedad a toda prueba, Carlos Lleras Restrepo, “exportó” al exterior a sus hijos en edad de trabajar para evitarse los problemas de que alguien los abordara para proponerles negocios o pedirles favores que solo la aureola de un padre presidente podría otorgar, sin que éste necesariamente lo sepa. Mucha gente quiere adular al Presidente y trata de hacerlo a través de un familiar. A pesar de la cautela de Lleras, a un hijo le armaron un debate por importar un carro diplomático al que tenía derecho.
No todos los funcionarios de elección popular han sido tan cautos. A un hijo del presidente López Michelsen también le armaron un debate que se volvió escándalo nacional por una vía construida por el Gobierno, que supuestamente favorecía la finca comprada por el vástago presidencial. Es claro que los opositores políticos no sólo quieren defender el erario, sino también atacar al oponente, a veces a como dé lugar.
A los hijos del presidente Uribe los acusaron de influir en algunos funcionarios para beneficio propio, entre otros, la creación de una zona franca, armándose un gran escándalo que se debió evitar, por aquello de la antigua y no por ello menos apropiada moraleja de que la mujer del César no solo debe ser seria, sino parecerlo.
Una Administración local traumática fue famosa también por la incidencia altísima de los miembros de la familia en los asuntos públicos, especialmente en los contratos, en los que se aseguraba que intervenían directa y continuamente parientes cercanos del mandatario. A estos personajes les atribuyen muchos de los problemas legales posteriores de esa Administración y de su titular.
Es normal y de buen recibo que las esposas de los mandatarios sean activas en las obras sociales de la Administración, pero manteniendo una distancia sana entre ellas y el erario, trabajando como gestoras para obtener donaciones nacionales e internacionales para las buenas causas. En general, eso ha funcionado bien. Toda la demás parentela debería mantenerse al margen.
Los mandatarios deberían curarse en salud –ese don, ¡la salud!, tan importante y tan maltratado en este país y ciudad- y prohibirles a sus hijos, parientes y amigos frecuentar las oficinas públicas, cualesquiera que sean, especialmente a aquellos que podrían confundirse y llegar a creer, en medio de los aduladores, que el mandato otorgado en las urnas por el pueblo a un progenitor o pariente es extensivo a ellos.
Es notorio que las fronteras se han corrido desde la época de Carlos Lleras Restrepo. Ahora ni la prudencia cabe porque en el país prima un comportamiento ramplón y con poca vergüenza, que camina a gusto por el filo entre lo legal y lo ilegal.

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