La muerte de Viviana Carrillo Liñán, de 43 años de edad, en la puerta de la Policlínica de Olaya Herrera, donde se negaron a atenderla, sería un episodio más de la crisis de la salud en Cartagena, si no hubiera sido por la reacción indignada de la alcaldesa Judith Pinedo, que lo consideró inaceptable. La Policlínica es uno de los 44 centros de salud de la red pública que atiende a la población afiliada al régimen subsidiado y a quienes están en el Sisbén, pero no los cubren los subsidios a la demanda, que suman unas 60 mil personas de los estratos más bajos. En los primeros meses de su administración, Pinedo discutió con la junta de la ESE, porque no quería la ratificación del gerente y propuso escoger otro por meritocracia, entre 44 aspirantes. También se enfrentaron porque la junta no quería las medidas correctivas que pensaba imponer la mandataria, entre ellas un freno a la capacidad ilimitada de contratación del gerente. Antes de dejar su cargo el 31 de marzo de 2008, luego de que el Gobierno distrital considerara insatisfactorio su informe y nombrara un encargado, el gerente de la ESE, Luis Fanor Verbel, dejó comprometido casi todo el presupuesto de la entidad. A finales del año pasado, con nuevo gerente y la junta renovándose, se modificó el manual para establecer un nuevo esquema de contratación que imponía límites al gerente y se rebajaron los costos de funcionamiento. Se pensaba que la ESE tenía esperanzas, pero en enero de este año, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) ordenó su intervención, decisión que la Alcaldesa criticó por tomarse casi nueve meses después de enterarse de la crisis y por hacerlo en época electoral. Entonces la Alcaldesa manifestó que esa intervención impedía cortar la injerencia de los políticos locales en la ESE, para lucrarse de la contratación y la burocracia. Fue relevado el gerente Salim David Hadechini, el interventor aseguró que la intervención se debía al déficit de 20 mil millones de pesos hallado en la entidad, y la Alcaldesa dijo que algunos contratos relacionados con líderes políticos locales fueron cancelados, gracias a las medidas correctivas que se estaban tomando. La revista SEMANA asegura que entre esos contratos está el de suministro de personal misional con la firma KSC S.A., cuyos representantes tenían otro contrato con la ESE y sociedades a las que ellos pertenecían tenían otros más, que sumaban más de la tercera parte de toda la contratación de la entidad. Dice Pinedo que el déficit –que a comienzos de año era de 20 mil millones de pesos– subió a junio de 2010, a 28 mil millones y que a los médicos y personal contratado se les deben cinco meses de salarios. Si a eso se suma que, según la revista SEMANA, tras la intervención, el agente de la SNS les prorrogó los contratos a KSC y a otra de las sociedades mencionadas, es lógico sospechar que se ha querido despojar al Distrito de Cartagena del control de la ESE, para que la entidad siga siendo un bastión de la politiquería. Los cartageneros no pueden dejar que eso ocurra, ni las autoridades de control hacerse las de la vista gorda.
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()