Resulta insólito que, excepto una alusión general de Mockus, ni los candidatos presidenciales, ni los líderes políticos más connotados, ni los columnistas de prensa más influyentes de Colombia se hayan referido a la grave advertencia que el auditor General de la República, Iván Darío Gómez, hizo en una carta a Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, sobre el descomunal monto de la contratación anual en las instituciones oficiales, que sobrepasa los 60 billones de pesos. De esa cantidad de recursos, una gran parte se pierde en los “agujeros negros de la corrupción” que opera en todos los ámbitos gubernamentales, municipales, departamentales y nacionales. Con base en el examen minucioso de la manera en que se han ejecutado los presupuestos públicos en los últimos años, el Auditor considera que es imprescindible eliminar plenamente estas prácticas que se han generalizado sin que desde el propio Gobierno, y muy tenuemente desde los organismos de control, se les haya puesto freno con decisión. De los tres “grandes ámbitos de inversión” que el Auditor identifica en el sector público, considera el más proclive a la corrupción aquel conformado por los contratos enmarcados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pues debido a que están llegando a los gobiernos nacional, departamentales y locales “funcionarios que no están debidamente preparados y ejecutan cuantiosos recursos del Estado”, lo que, según Gómez, “genera ambientes propicios para el despilfarro y la corrupción”. El Zar Anticorrupción ya había establecidos a finales del año 2009 que 4,2 billones de pesos son engullidos anualmente por la corrupción, aunque reconoció que la cifra puede ser “muy superior”. Entre los datos que encontró la Auditoría General de la República, hay uno muy preocupante: el 42 por ciento de los hallazgos de las contralorías se relaciona con fallas en la contratación pública. En ese ámbito, también resulta enorme la pérdida de recursos oficiales por cuenta de las “nóminas paralelas en el Estado”, las que el Auditor considera “la principal fuente de clientelismo para pagar favores políticos mediante contratos estatales de prestación de servicios”. Los dos candidatos presidenciales están en la obligación de hablar claramente sobre esta advertencia. Ambos deben revelar su estrategia para desmontar con energía y mano dura estas “nóminas paralelas”, aunque les cueste la pérdida del apoyo de algunos políticos que dependen de ellas para mantener el voto amarrado. Santos y Mockus están en mora de asegurarle al país que sí se proponen frenar este robo infame a los recursos que nos pertenecen a todos los colombianos, y de convocar a la ciudadanía a que participen en esta cruzada para garantizar inversiones enfocadas en el bienestar general. El Auditor no solo advierte sobre el problema, sino que les ofrece 14 soluciones a los candidatos para atacarlo de raíz. Los aspirantes a la Presidencia tienen la palabra.
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