Imprevisión y daños

Hasta ahora, la temporada de lluvias de este año en Colombia ha dejado 2,3 millones de damnificados y daños cuyo costo se calcula en el 6% del PIB.
La cuantificación de los daños y los damnificados muestra el avance en la recolección y procesamiento de datos, un requisito obligatorio para enfrentarse a los efectos devastadores de fenómenos como “la maldita Niña” que mencionó el presidente Santos.
Los pronósticos y alertas diarias del Ideam, sus modelos atmosféricos de precipitación, informes hidrológicos descriptivos y de tendencias con datos históricos, permiten elaborar mapas de riesgo con mucha anticipación, pero se convierten en simple curiosidad estadística si no se les utiliza para prevenir desastres y mitigar riesgos.
La gravedad de las inundaciones aumenta cada año, pero en Colombia no se ha decidido cambiar de una vez por todas la estrategia para enfrentarlas y seguimos repitiendo el ritual de lamentarnos por la devastación y muerte que ocasionan, y organizando campañas de solidaridad para los damnificados.
La magnitud de los desastres debería convencernos de que si no ponemos en marcha un plan integral de prevención y atención, las consecuencias serán más graves cada año, con más muertes y daños mucho más costosos.
Con la emergencia invernal de cada año, siempre hay algún funcionario que exclama con tono grave y rostro serio: “Jamás habíamos tenido una emergencia de esta magnitud", pero la situación se repite sin variaciones.
Ya se han dado algunos pasos para cambiar la forma de enfrentarnos a los efectos de las lluvias, entre ellos la identificación y medición de los riesgos, la instalación de sistemas de alertas, pero nos falta completar el camino con la reducción de los principales factores de riesgo y el fortalecimiento de nuestra preparación.
Pero sobre todo, no se ha encarado esta tarea con un criterio de seguridad y resiliencia, de manera que pensemos en “convivir con las inundaciones” (o con cualquier amenaza) o “pelear contra ellas”.
Existe desde 1998 un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, pero se conoce muy poco y se aplica mucho menos. Cuando se hace, no se tiene en cuenta a las comunidades que padecen las consecuencias, cuya participación es imprescindible para que la evaluación del riesgo sea más completa.
Pero el factor determinante para que cada año se produzcan efectos más graves es que los entes territoriales no se comprometen verdaderamente con desarrollar una política de sostenibilidad ambiental y de prevención y atención de desastres, más allá de los paliativos a los damnificados.
A poca distancia de Cartagena hay un ejemplo dramático del desastre provocado por las lluvias; San Estanislao de Kotska (Arenal), que el año pasado sufrió inundaciones terribles que obligaron a evacuar a gran parte de su población, este año encaró un desastre similar, pero de mayores proporciones, y podría ser peor si se desborda el Canal del Dique.
¿Se hicieron estudios serios de riesgo y de vulnerabilidad con estimativos de magnitud de daños? ¿Se tiene al menos un inventario cuidadoso de las zonas de alto riesgo? Si las dos respuestas son afirmativas, ¿qué se hizo con esa información?