Editorial


Incoder: un trámite infame

Cualquiera que haya intentado hacer casi cualquier trámite en el país sabrá lo difícil que es completarlo. Casi nunca se anuncian los requisitos completos, casi siempre falta algún papel, sello, firma o estampilla anunciado a última hora. Hay que tener tiempo y plata disponible, y tratar de entender la letra menuda. Muchos trámites parecen diseñados para que el ciudadano común y corriente tire la toalla, o busque un tramitador. Si lo anterior ocurre en las ciudades, en medio de todas las conveniencias de movilidad y comunicación, ¿se imagina el lector lo que significan los trámites para un campesino, y peor aún, para uno desplazado y sin plata con que pagar el bus que tomará después de caminar varias horas para salir de su vereda? Conviene recordar que un desplazado suele ser desarraigado, con pocos contactos y sin plata. Suele vivir arrimado donde alguien quizá un poco menos pobre y con mucha solidaridad, pero con muchísimas necesidades propias que le impiden ayudar a su huésped. Si tiene suerte, regresó a su lugar de origen, aunque lo encontró cambiado. La tierra la han comprado foráneos, hay pocos empleos y muchas cercas nuevas. El Incoder acaba de anunciar que abrirá una “convocatoria pública de tierras para desplazados”, con 37.400 millones de pesos disponibles, la cual es una noticia excelente que llena de esperanzas a muchos campesinos que añoran tierra para trabajarla. Sin embargo, leer los requisitos le enfriaría la pajarilla a cualquier ciudadano urbano, mucho más a un campesino. Un aparte del comunicado del Incoder dice que “los requisitos mínimos establecidos para esta primera fase son los siguientes: presentación de copia simple del título de propiedad del predio a adquirir; copia simple de las escrituras públicas registradas en el certificado de Libertad y Tradición del predio desde 1999 a la fecha; certificado original de Tradición y Libertad del predio no mayor a 30 días; certificado judicial vigente del propietario del inmueble; plano topográfico del predio; certificado municipal donde conste el uso del suelo y el diligenciamiento de los formularios correspondientes a esta primera fase”. Si usted quedó azul con estos requisitos, imagínese cómo quedarán los campesinos desplazados y retornados, que escasamente comen y sobreviven, con semejante tramitomanía que retaría la pericia del citadino más avezado, y además, con alguna solvencia. El Incoder seguramente tiene buenas razones para exigir estos requisitos, pero el mismo instituto debería hacerles la tramitomanía a los campesinos. De lo contrario, les está cerrando la puerta, dejándosela abierta a aquellos compradores solventes que sí se mueven como peces en el agua en el mundo de la tramitomanía, y que ya se han engullido buena parte de las tierras disponibles en los campos colombianos abandonados a la fuerza por los campesinos. Por lo pronto, esta convocatoria del Incoder parece más una burla cruel, que una oferta de ayuda para algunas de las gentes más sufridas de Colombia.

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