Inundaciones y 4%

Al caer la tarde de ayer se oficializó el incremento del 4% en el salario mínimo, casi al mismo tiempo en que se anunciaban otros incrementos en el gasto diario de los colombianos, y los empresarios volvían a quejarse de la imposibilidad de crear empleo.Es importante discutir las implicaciones de este incremento adicional, aunque la verdadera discusión debería centrarse en la capacidad de adquirir la canasta básica de bienes y servicios que tiene gran parte de la población que gana el mínimo.
En el intercambio de argumentos sobre las implicaciones en los indicadores macroeconómicos de un aumento de salarios del 4%, se ha dejado de lado una circunstancia que tendrá influencia enorme sobre la calidad de vida y la superación de la pobreza: una parte grande del país está devastado por el invierno y su reconstrucción será larga y costosa.
No queda duda de que el Gobierno del presidente Santos reaccionó muy rápidamente a los estragos del invierno en todo el territorio nacional, destinando recursos elevados para las ayudas sociales de emergencia y para las obras inmediatas, que han impedido que la situación se agrave.
En ese sentido, los estragos del invierno tendrán consecuencias benéficas al ayudar a impulsar la dinámica económica de las regiones afectadas, pues habrá dinero para construir infraestructura que se necesita hace años, y la única precaución que deberá tener el Gobierno es que los puentes, las carreteras, los sistemas de riego y demás proyectos de envergadura que se adelanten, se hagan bien y sin que la mano oscura de la corrupción intervenga.
Esas obras generarán cierto número de empleos, ojalá muchos, con lo cual la queja principal de los empresarios por el aumento del 4% en el salario mínimo perderá mucho de su peso.
En el caso de la Costa Caribe, la emergencia invernal dejó clara la convicción de que es urgente empezar dos obras trascendentales para el desarrollo económico regional y la sustentabilidad ambiental: la recuperación del río Magdalena y del Canal del Dique, pero también, de los pueblos y carreteras que devastaron entrambos.
Adicionalmente, en los próximos meses los mandatarios locales y regionales deben redondear su gestión, mientras los aspirantes a sucederlos ofrecerán el cielo y la tierra para obtener el apoyo ciudadano en las urnas, de manera que la comunidad debe estar más atenta que nunca al uso de los recursos públicos, especialmente los que se consiguieron de urgencia para atender el desastre invernal, de manera que las obras se hagan, pero sin influir en la decisión de elegir a los próximos gobernantes locales y regionales.
Más allá de las discusiones sofisticadas de macroeconomía, y de las reflexiones laborales profundas sobre el salario mínimo, debemos ser conscientes de que el gran enemigo de Colombia es la corrupción y que hasta ahora el Estado ha sido incapaz de combatirla.
Ahora más que nunca, los colombianos debemos involucrarnos en la defensa de los recursos públicos, pues ya no se trata sólo de asegurar las obras de desarrollo que siempre hemos requerido y anhelado, sino además, de reconstruir una buena parte del país y de las vidas de su gente, que sufrieron el azote de las inundaciones y los deslizamientos producto del invierno.