La semana pasada, fue presentado a los medios un informe estadístico elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), resultado de la observación realizada a 230 puestos de inscripción de cédulas en 41 municipios de 11 departamentos del país.
El informe enumera una serie de irregularidades que, hay que aceptarlo, se vienen presentando desde hace décadas, entre ellas el transporte masivo de ciudadanos, la inscripción en grupo de personas de la tercera edad, y el desconocimiento de las autoridades sobre el derecho de que ciudadanos hagan veeduría de este proceso.
Estas observaciones no son un reflejo de lo ocurrido en términos generales, sino que por fortuna, se trata de excepciones al normal desarrollo del proceso, pero no deben ser ignoradas ni desestimadas, porque muchas de ellas influyen de manera decisiva en la elección de uno u otro candidato.
Por el considerable número de reportes y por su gravedad, la irregularidad más importante en Cartagena fue el ofrecimiento de dádivas, subsidios y –lo que es peor– ayudas humanitarias de emergencia, a quienes inscribieran su cédula en determinado sitio.
En total se reportaron 25 casos de ofrecimiento de regalos, en diferentes puestos de inscripción, que debe alertarnos sobre lo que se vendrá durante la campaña electoral.
Se trata, es verdad, de una costumbre muy arraigada en nuestra ciudad, y en el país entero, pero no por eso debemos seguir aceptándola con la excusa injustificable de la pobreza. Además, el uso de ayudas que están destinadas a la atención de las necesidades de los damnificados por las inundaciones es la más infame de las irregularidades, porque se está jugando con la vida y el bienestar de los más necesitados.
Muchos ciudadanos que estaban inscribiendo su cédula tenían dificultades o falta de claridad para dar los datos de su dirección y teléfono, no sabían su dirección, cargaban papeles en donde la traían anotada, y grupos grandes de personas que suministraban un mismo lugar de residencia.
Otras irregularidades observadas se refieren a la presencia de candidatos o promotores en los puestos de inscripción, personas que no eran funcionarios de la Registraduría realizando inscripciones, y grupos de personas de la tercera edad, mujeres o afrodescendientes, que acudieron en masa a inscribir su cédula en sitios lejanos a su lugar de residencia.
En el caso de los ciudadanos de la tercera edad, se repite lo que se observó en elecciones anteriores, una práctica que no ha sido investigado, y mucho menos sancionada.
No es necesario que se presente una denuncia formal para el Consejo Nacional Electoral empiece una investigación de estas irregularidades denunciadas con datos concretos de sitio y hora. El Código Electoral establece que este tribunal puede abrir de oficio una investigación cuando tenga conocimiento sobre la posibilidad de que se haya cometido un delito.
Esperamos entonces los resultados de esa investigación, porque el informe de la MOE es suficientemente claro y exacto.
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