Mañana 4 de julio se celebra el Día Nacional de la Juventud, instituido en la Ley 375 de 1997 ó Ley de la Juventud, y desde hoy, el Programa Presidencial Colombia Joven y las organizaciones juveniles de todo el país lo celebran con actividades académicas y culturales, y por supuesto, con las infaltables marchas y concentraciones.
La Ley de la Juventud fue promulgada hace 15 años en Colombia, pero hasta hoy su aplicación no ha servido con la suficiente fuerza para que los jóvenes tengan su espacio en las grandes decisiones, sobre todo en aquellas que los afectan directamente.
La responsabilidad ha sido por igual tanto de las entidades gubernamentales encargadas como de las organizaciones juveniles que parecen trabajar por vías distintas.
La política estatal de juventudes busca “promover la coordinación y concertación de todas las agencias del Estado y de las demás organizaciones sociales, civiles y privadas, en función del pleno desarrollo del Sistema Nacional de Juventud y de los sistemas territoriales de atención interinstitucional a la juventud” y de “impulsar la organización y participación juvenil en el campo económico, tecnológico, político, social y cultural y la vinculación de los jóvenes colombianos con la globalización y el desarrollo universal”.
Este propósito ha tenido poca incidencia práctica, pues los programas específicos para lograr que los jóvenes participen en la vida nacional no han mostrado resultados satisfactorios. Un ejemplo de ello es el de generación de oportunidades económicas, que no logra todavía multiplicar los acuerdos y proyectos para ampliar la contratación formal de jóvenes en las empresas nacionales; ni ha hecho generalizar el apoyo y valoración de los emprendimientos juveniles.
Los jóvenes han logrado conquistar algunos espacios a través de la acción de las organizaciones de la sociedad civil, pero en campos como la política, el clamor generalizado contra la corrupción y por el fortalecimiento de la democracia no ha tenido eco, aunque quizá eso comenzó a cambiar a través de la acción en las redes sociales, como vimos en la abortada reforma a la Justicia.
Una política de juventud no puede quedarse simplemente en un catálogo de buenas intenciones, y debe propiciar un verdadero proceso participativo e incluyente de los jóvenes, empezando por el pleno reconocimiento y respeto de sus derechos, como punto de partida para la exigencia del cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.
Muchos aspectos de la vida cotidiana de los jóvenes siguen ignorados o desatendidos, por ejemplo la protección de las adolescentes contra el acoso o la violencia, el blindaje a los jóvenes contra la manipulación de los traficantes de drogas, la defensa contra la acción llamativa de las bandas criminales para engrosar sus ejércitos de sicarios o la intervención eficaz en los sectores de jóvenes en riesgo que encuentran en las pandillas la afirmación de su identidad que la sociedad les niega.
Por eso, aunque las marchas, las campañas educativas y los foros de discusión ayudan a divulgar el mensaje de la participación juvenil, no son suficientes para que la sociedad les abra los espacios que reclaman con vehemencia. Es hora de que las buenas intenciones se traduzcan en realidades.
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