La Base Naval

La mudanza de la Base Naval a otro lugar, quizá Tierrabomba, está mucho más cerca en el gobierno de Juan Manuel Santos, un ex cadete de la Escuela Naval Almirante Padilla.
La mudanza no será de un día para otro y por lo pronto se planifica. Uno de los pasos más recientes del Gobierno fue encargar a la Empresa Virgilio Barco, la misma que demolerá los viejos edificios y construirá los nuevos del Centro Administrativo Nacional (CAN), de poner a punto el proyecto de la Base Naval.
Recientemente el director de esa institución estuvo en Cartagena recogiendo opiniones de distintas personas y entidades acerca de lo que debería o no hacerse con los terrenos de la hoy Base Naval, y ahí comienza el que podría ser un problema para Cartagena.
El Gobierno pretende que la nueva Base Naval, en Tierrabomba o en otro lugar, se financie con la venta de los terrenos de la antigua en Bocagrande, lo que quiere decir más moles de concreto y no el gran parque con que sueña la gente de los tres barrios del sector turístico y del resto de la ciudad.
En algunos sectores se oye hablar de un uso de 60 % de los terrenos de la Base Naval en Bocagrande para construcción y 40 % para zonas verdes, además de que el muelle existente sería para los cruceros, cuyos pasajeros irían al Centro Histórico a pie y sin las angustias de los trancones a que hoy los someten entre el puerto en Manga y las zonas de interés turístico.
Sin embargo, este periódico supo que el PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección) de Cartagena no ha sido firmado porque el Gobierno quiere aumentar la densidad y la altura de la construcción permitida en los terrenos de la Base para sacarle el máximo de dinero, pero parte de esos terrenos están en lo que los técnicos llaman el “cono visual” de los monumentos históricos, lo que limitaría su uso obligatoriamente.
Nuevamente se trata de cambiar la normatividad de la ciudad a la medida de un interés que es legítimo como ningún otro, y además es nacional, pero que no obstante riñe con las normas del área monumental.
¿En qué quedamos? ¿Acaso las reglas son para cambiarlas, como en el dicho popular, “según el marrano”? ¿No son serias entonces las normas que rigen la construcción vecina a los monumentos?
¿Y por qué el Gobierno puede meterle 13 billones de pesos a las Autopistas de la Prosperidad en Antioquia –de lo que nos alegramos sinceramente- pero no puede invertir en lo que requiere la nueva Base Naval, que es para la defensa del país, y pretende sacrificar la calidad de vida de los cartageneros?
Preguntamos de nuevo: ¿dónde está la dirigencia pública y privada local? Si se uniera para defender los intereses superiores de la ciudad, que una vez más pretenden definir en Bogotá, sería imbatible.