En una auditoría integral a las 31 gerencias departamentales de la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República evaluó la gestión fiscal a través de procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y participación ciudadana, especialmente en el control de los recursos transferidos para salud y regalías. La conclusión principal es que la gestión en responsabilidad fiscal ha sido poco eficiente y efectiva, pues de los 955.822 millones de pesos que incluyeron las 31 gerencias departamentales de la Contraloría General de la República, en procesos por responsabilidad fiscal en el año 2009, solo se recuperaron 5.700 millones de pesos, equivalente al 0,6%. También encontró la Auditoría que se prescribieron 280 procesos por un valor de 63.269 millones de pesos. Parte de esa falta de eficacia podría deberse a que de los 2.793 cargos que la Contraloría General tiene asignados al cumplimiento de su misión, solo 263, es decir el 9,4% corresponde a las regiones. Sin embargo, la Contraloría General se gastó 53 mil millones de pesos en 2.700 contratos de prestación de servicios, en los últimos 4 años, y la cobertura en la vigilancia a los sujetos de control por parte de las gerencias sólo fue del 35,6%. Lo que salta a la vista de inmediato es que la Contraloría General de la República sigue siendo ese gigantesco monstruo burocrático, que alimenta los pactos clientelistas y los poderes parlamentarios. Es inaudito que más de 2.500 cargos se concentren en las oficinas principales de Bogotá, mientras en cada región sólo existe un puñado de funcionarios para el control fiscal de un volumen tan grande de recursos como son los de las transferencias, participaciones y regalías, que es donde se han descubierto los mayores golpes de la corrupción. Más inaudito todavía es que esos más de 2.500 funcionarios no sean suficientes para el control fiscal de las entidades del Gobierno nacional, y que haya sido necesario contratar a un número similar de profesionales para que ayuden a impulsar los procesos. Es obvio que ese centralismo traducido en burocracia impide que se ejerza un verdadero control sobre el uso que los gobiernos y las entidades departamentales están haciendo de los recursos que reciben de la Nación y que tienen una destinación exclusiva para la inversión en la salud y la educación. En la Gerencia Departamental de Bolívar se encontraron fallas como la dilación de procesos que debilita la fuerza ejecutoria de los títulos en jurisdicción coactiva, la respuesta tardía e incompleta a las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía, y la falta de oportunidad en la apertura de los procesos de responsabilidad fiscal, que provoca la prescripción de muchos de ellos (en el año 2009 prescribieron 10 procesos). Mientras la misión de la Contraloría General de la República no se ejecute con eficacia y sin la maquinaria burocrática que se mantiene allí, la lucha contra la corrupción tendrá pocos resultados, y se seguirán malversando los fondos de la comunidad.
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