Los espacios públicos con frecuencia son objeto de disputas, ya sea porque los privados de cualquier estrato los invaden, o porque los reclame una comunidad que, teniéndolos cerca, no los puede usar. Es el caso, por ejemplo, de los parqueaderos del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, cuyo uso pretenden los habitantes de Getsemaní, aunque los terrenos fueran rescatados por el Gobierno del lupanar que era el mercado del Arsenal antes de construir el Centro de Convenciones, sin que Getsemaní los hubiera disfrutado, al menos en el Siglo XX y lo que va del XXI. El caso de la llamada Cancha del Pastelillo, en Manga, es similar en algunos aspectos, pero distinto en que su tierra fue donada por don Henrique Román al municipio para que fuera una de sus zonas verdes de uso común, y que terminó en manos de la Universidad de Cartagena desde 1955, cuando el Acuerdo del Concejo (No 51) se lo otorgó. Esa universidad lo convirtió en canchas deportivas, a las que en una época les dio un uso de caseta con amplificación ruidosa y abusiva que perturbaba al barrio, costumbre que afortunadamente fue abandonada hace ya unos años. Aunque el Acuerdo de 1955 era y es perfectamente legal, iba en contra del espíritu de la donación original del señor Román, que pretendía que fuera primordialmente para que lo disfrutara Manga. Ante la tirantez entre Asomanga, la asociación de vecinos de ese barrio, que reclama poder usar ese espacio público, y la Universidad de Cartagena, que lo maneja como si fuera un bien de uso exclusivamente privado y no le permite al vecindario usarlo sin unos trámites engorrosos, el Contralor Distrital, Hernando Sierra Porto, atendió la queja y dictaminó que “los bienes de uso público no pueden ser objeto de dominio privado”; que “el asunto debe resolverse jurídicamente”; y le ordena a la Administración Distrital recuperar su naturaleza de uso público. El Distrito tiene un plazo de 5 días para “abordar las siguientes opciones”: a) usar la “vía del buen entendimiento” con la Universidad de Cartagena, lo que ha fracasado hasta ahora; b) celebrar una audiencia pública para escuchar a todos; c) emprender acción de nulidad contra el Acuerdo del Concejo No 51 de 1955; y d), iniciar una acción popular para proteger los derechos colectivos. Es difícil creer que una institución con un talante rabiosamente público, y que además reivindica ese espíritu de manera explícita al ser la universidad de la gente sin recursos, pero con talento, asuma una postura casi imperial –según algunos vecinos- con respecto a un predio enclavado en un barrio residencial con sed de usarlo. Cualquiera supondría que la Universidad no sólo sería flexible, sino que promovería el uso compartido de esas instalaciones con la juventud de Manga. Es probable que la negativa a permitir el uso sin tramitomanía ni cortapisas del predio, como debería ser, se deba a algún malentendido subsanable rápidamente y sin litigios, como corresponde a una universidad pública que se enorgullece de su vocación cívica y democrática.
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