El informe Doing Business en Colombia 2010 estudió cómo las regulaciones gubernamentales fomentan o restringen la actividad empresarial en 21 ciudades del país, y elaboró un ranking. Cartagena ocupó el último lugar. Doing Business midió y analizó las normas que afectan seis etapas de la vida de una empresa: apertura, permisos de construcción, registro de propiedades, pago de impuestos, comercio transfronterizo y cumplimiento de contratos. Hay muchos otros factores que interesan a empresas e inversionistas, que no se analizan en el informe, entre ellos los específicos que influyen en la competitividad, la infraestructura de servicios públicos o la logística. Este último lugar significa que Cartagena es la ciudad, entre las 21 analizadas, donde más dificultades existen para los trámites que influyen en el desempeño empresarial. Aquí, los trámites de apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción y registro de propiedades, demoran más y tienen más pasos que en las demás ciudades, incluyendo el pago de una estampilla pro cultura. Curiosamente, los trámites para las licencias de construcción son menos rigurosos, aunque demoran más tiempo, lo que parece revelar el predominio de una burocracia ineficiente. Los obstáculos principales que se le presentan a las empresas en Cartagena tienen que ver con la tramitomanía, con las diligencias en diferentes oficinas y con el tiempo excesivo que toman los despachos públicos para resolver las peticiones. Valdría la pena añadirle a estas dificultades, aquellas que se derivan de la inseguridad y la corrupción, que no se analizan en el estudio de Doing Business, y que influyen también en la manera como funcionan las empresas. Los autores del informe aclaran que en la práctica, aunque conozcan las regulaciones que deben cumplir, los empresarios gastan mucho tiempo en averiguar a qué oficina acudir o qué documentos presentar, lo cual motiva a muchos a eludir los procedimientos, lo que es una semilla de informalidad, entendida aquí como la existencia de pequeños negocios que no cumplen con sus obligaciones jurídicas y no mantienen sus registros actualizados. Cuando la regulación es particularmente onerosa y con trámites excesivos, aumenta la informalidad (no hablamos de los vendedores callejeros ni otras formas de informalidad económica individual), especialmente entre las empresas de menor tamaño, a las que estas regulaciones les representan también un costo que se devora sus ganancias. Esta informalidad reduce sus posibilidades de crecimiento, les dificulta el acceso al crédito y expande la contratación informal y sin seguridad social. Valdría la pena que la Administración distrital, la Cámara de Comercio, y las otras entidades que tienen que ver con la regulación empresarial, estudiaran detenidamente el informe de Doing Business en Colombia 2010, pues les dará herramientas para comprender mejor qué debe cambiarse -¡otra vez!- para agilizar los trámites obligatorios.
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