En Colombia, las autoridades tienen una labor dura para mantener el orden público. En Cartagena asesinan a varias personas en cualquier noche, hay raponazos, atracos, venta callejera de drogas, fleteo, prostitución y otras conductas delictivas. La subversión sigue intentando hacer daño por cualquier resquicio dejado sin taponar. El Estado aumentó dramáticamente sus fuerzas, recuperando el monopolio de la autoridad en buena parte del país, aunque tenemos vecinos que apoyan abiertamente a unas guerrillas que iban en vía de extinción, prolongando el desangre de la nación. Desde adentro y desde afuera atacaron y debilitaron al DAS, en ocasiones con razones válidas, y ahora los agentes extranjeros, muchísimos adscritos a embajadas y consulados, agitan a las barriadas de las grandes ciudades. Los petrodólares asoman su cara intervencionista aquí y allá en protestas urbanas y rurales, en bloqueos de calles y carreteras. Las prioridades represivas de las autoridades tienen en último lugar a ciertas conductas aparentemente “inofensivas”, pero perjudiciales para la salud social, entre estas, la epidemia de consumo de alcohol entre la juventud y la consecuente producción de ruido que se tomó a Cartagena, sin que se controle esta enfermedad que galopa muy por delante del desgano de las autoridades. La perturbación de la tranquilidad ciudadana mediante el alcohol es evidente, especialmente a través de los picós de las barriadas y los equipos móviles que suenan desde los autos de los jóvenes acomodados. Y ahora se les sumaron algunos barcos de turismo. El Distrito y la Policía tienen muchas de las herramientas para reprimir esta ilegalidad de manera severa, pero no lo hacen. Los vecinos de los picós viven apabullados por los malandros, y se sienten abandonados por el Estado. El EPA hace lo que puede, pero le falta más acompañamiento. Mientras tanto, la represión a los hijos de papi trae presiones temidas por los comandantes. La Policía termina cohonestando así el delito y envía el mensaje errado a la sociedad y a la juventud: la ley es letra muerta. Lo reafirman a diario los agentes al acudir donde los jóvenes que toman trago en sus carros y ponen música escandalosa, sin hacerles la prueba de alcoholemia de ley. No les confiscan los vehículos ni procesan a sus conductores. A lo sumo, moverán sus bares rodantes a donde los vecinos no llamen a la Policía. La campaña piloto exitosa y valiente del Coronel Mena en los barrios fue atacada desde adentro en Bocagrande, y los jovencitos intocables volvieron a las andanzas. La negligencia oficial –repetimos- es una aprobación implícita de una conducta delincuencial pública y visible, que corrompe a la juventud y enseña a la sociedad que las leyes valen nada, porque las incumplen por omisión quienes deberían hacerlas respetar: las propias autoridades distritales, y muy especialmente la Policía. El Distrito tiene que reconocer la magnitud del daño y liderar una campaña que reverse esta conducta contradictoria e inaceptable, que corrompe los valores que predica como propios.
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