El presidente de Cotelco, Jaime Alberto Cabal Sanclemente, habló del proyecto de concesión de las playas de Colombia, en el que Cartagena implementará el plan piloto nacional. Hablar de concesiones levanta sospechas en muchos sectores que lo asemejan a la “privatización”, una de las palabras más estigmatizadas por estos lugares, especialmente cuando se trata de ponerle controles a cualquier actividad. Y claro, no falta razón en esto, porque al concesionar las playas, algunas de sus áreas tendrán que servir de santuarios para los bañistas acosados de hoy, y necesariamente tendrán restricciones de quién entra a estos “oasis” y quién no. Muy probablemente, el costo del servicio será uno de los factores que definirá la clientela. El caos de las playas es un multiplicador terriblemente negativo para la ciudad, y los más castigados por sus resultados son precisamente las gentes que viven del turismo, y el que llega a las playas de Cartagena es cada vez de menor poder adquisitivo, por lo que las mercancías y servicios que se le venden también son rebajados proporcionalmente de calidad. Se trata de un círculo cada vez más vicioso, uno de cuyos ejemplos peores son las playas de Castillogrande. Colombia ofrece una exención de impuestos importante como estímulo para construir hoteles, y en los varios años que lleva la medida, aún durante el “boom” económico recién pasado, no se construyeron proyectos hoteleros importantes, sino algunos pequeños y a cuentagotas. La razón es obvia: tras de que nuestras playas son grises y feas, ningún empresario en sus cabales querrá invertir en una zona tan degradada como Bocagrande, donde cada cual hace lo que quiera. Uno de los resultados de este caos, repetimos, es Castillogrande, donde el valor de la propiedad raíz debe estar sufriendo a medida que se incrementan las fritangas, basuras plásticas y de icopor, además de los mingitorios improvisados en cartón. En vez de mejorar las condiciones de los barrios marginales, estamos degradando los que se supone que no lo son. Las concesiones propuestas arrancarían en algún tramo de playa aún por definir, ya que hacerlo en todas sería imposiblemente costoso. Muchos de los actores de las playas (carperos, vendedores, masajistas, etc.) estarán asociados a los proyectos. Pero como el problema es de exceso y de acoso, y se determinará una capacidad de carga para cada lugar, es obvio que muchos no cabrán y tendrán que irse con sus bártulos para otra parte, a ver si se puede salvar la otrora gallina de los huevos de oro. La medida del éxito del esquema de concesión que se implemente debería ser la cantidad de nuevos empleos formales y de calidad que termine generando en el sector turístico, que con un entorno recuperado, debería animar a los inversionistas a construir más hoteles y a vender más y mejores servicios, creando así más puestos de trabajo formales. El fin de las concesiones no puede ser el de repartir la pobreza, sino incrementar la riqueza general de los cartageneros a través de nuevas inversiones.
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