El senador Iván Moreno Rojas ha respondido a los cargos formulados por la Procuraduría General de la Nación, como esos niños que, al ser castigados en el colegio por mal comportamiento, se quejaban de que no hubieran sancionado a otros estudiantes con la misma rigurosidad, aunque sus faltas a la disciplina habían sido más graves.
“Los Nule son unos delincuentes y unos ladrones, se robaron más de 30 mil millones de pesos en impuestos por lo que tienen nueve demandas”, exclamó Iván Moreno a varios periodistas, al terminar la audiencia de lectura del pliego de cargos en su contra, considerando que lo que han afirmado Miguel y Manuel Nule no puede ser aceptado, porque no tienen autoridad moral para ello, y que en la Procuraduría “se han manipulado las pruebas y testimonios” de los contratistas y funcionarios públicos, para perjudicarlo.
El argumento de la persecución política ha sido esgrimido desde hace cientos de años, por muchos funcionarios y políticos procesados penal o disciplinariamente, y al carecer de contundencia jurídica, sólo cumple el propósito lograr que los medios lo registren y de esa manera enredar a la opinión pública.
Moreno dice que el Procurador ha creído en los Nule, que se consideran “unas víctimas”, y asegura que, por el contrario, son ellos los “verdaderos delincuentes”. Para defenderse, el senador hace lo mismo que les critica a los Nule: decir que es una víctima.
El caso del carrusel de las contrataciones se ha convertido en un espectáculo público, cuyos protagonistas acuden a los medios en busca de atraer la atención de la ciudadanía y enredarla con argumentos sin peso jurídico, pero muy impactantes por la carga de confrontación que llevan.
Sólo a la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia les corresponde establecer la responsabilidad del senador Iván Moreno, de su hermano Samuel, de los funcionarios distritales implicados y de los hermanos Nule en los actos de corrupción descubiertos en varias licitaciones de obras, de manera que no es labor que deba cumplir este periódico.
Sin embargo, sí estamos en la obligación de señalar las estrategias que pretenden usar a la prensa colombiana como un escenario de confrontación, para ventilar un caso que debe resolverse en las instancias jurídicas pertinentes.
Hay hechos evidentes y acusaciones que deben investigarse hasta el fondo, como la del supuesto pago de comisiones al senador Moreno, para obtener los contratos de la doble calzada Bogotá-Girardot y la tercera fase de Transmilenio por la calle 26, donde se habla de la exigencia de permitir la instalación de bombas de gasolina en aquella vía a familiares del dirigente político.
Durante los procesos judiciales, las partes tendrán la oportunidad de documentar sus argumentos.
No es con declaraciones indignadas a los noticieros de televisión como se controvierten estas acusaciones, sino con razones jurídicas, en un proceso al que estaremos atentos, ahí sí, con extrema minuciosidad.
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