A diferencia de Bogotá y de otras capitales colombianas, en Cartagena sólo unas 20 personas salieron a las calles el domingo pasado a manifestar su indignación por el asesinato brutal de Rosa Elvira Cely y para rechazar todo acto de violencia física y psicológica contra las mujeres.
Esa pequeña, pero significativa voz de protesta fue salvajemente respondida en la madrugada de ayer lunes por el patrullero de la Policía Deivis González Vega, quien asesinó a su mujer y dejó heridos a sus dos hijastros, a su hija de dos años y a una niña vecina de nueve años en el barrio Colombiatón.
Los habitantes del sector dicen que están trastornados, temerosos, porque el agresor fue en este caso un representante de la autoridad, alguien que tiene la misión de defender a los ciudadanos.
La comunidad se alinea de manera unánime a favor de un castigo ejemplar contra semejante bestia, pidiendo que la justicia actúe rápida y drásticamente y lo condene a no menos de la pena máxima de 60 años de cárcel que contempla la ley en nuestro país.
Muchos claman por el endurecimiento de las penas, hablan de cadena perpetua o de sentencia de muerte, pero la esencia de la discusión no está en la dureza del castigo, sino en la capacidad y decisión de la justicia colombiana para imponerlo.
La alta consejera para la Mujer, Cristina Plazas, dice que la legislación penal colombiana es muy amplia, pero su aplicación debe ser mucho más efectiva, empezando por reforzar los equipos especializados de investigación de este tipo de delitos, para agilizar los procesos y asegurarse de que no haya impunidad.
Sin embargo, la multiplicación de los actos de violencia contra la mujer, estimulados por la impunidad, tiene una causa estructural que tiene que ver con la conciencia ética de los colombianos.
En un país donde los canales de televisión de gran audiencia importan programas de violencia, y además, saturan con telenovelas y dramatizados cuyos personajes principales son los capos del narcotráfico y los sicarios a su servicio y en los que se reiteran una y otra vez las escenas de violencia, muchas de ellas con las mujeres como víctimas, es lógico que se cree entre la gente el convencimiento de que es una situación natural que debe aceptarse como cruda e inevitable realidad cotidiana.
Algún lector comentaba en la página web de El Universal que en Cartagena hay un problema grave de salud mental que se generaliza, pues a diario crecen los casos de maltrato contra las mujeres, desde los más leves hasta los más serios.
Por supuesto, la aplicación de condenas drásticas sirve para disuadir a quienes piensan en algún momento en desatar su ira y frustración agrediendo a sus esposas o compañeras, pero la verdadera solución está en sembrar una conciencia desde la niñez y recuperar los principios fundamentales del ser humano que se perdieron en el torbellino del dinero fácil y la glorificación del placer efímero como valores supremos.
Y esta, una tarea de todos, no es nada fácil.
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