La educación superior: una discusión larga Aparte de la discusión sobre la participación de los estudiantes y profesores en la redacción del proyecto que reforma la Ley 30 de 1992, uno de los desacuerdos de fondo más importantes de la comunidad universitaria con el Gobierno tiene que ver con lo que se ha llamado privatización de la educación superior y que incluye conceptos como el manejo empresarial de las universidades.
Los estudiantes insisten en que a pesar de haberse retirado del proyecto el articulado sobre la inversión privada en las universidades públicas, la posibilidad de que existan instituciones mixtas es otra forma de mantener esa inversión y advierten que las universidades se podrán declarar en quiebra como si fueran empresas.
El Gobierno dice que en el proyecto no hay nada relacionado con inversión privada, con ánimo de lucro ni con privatización, y que por el contrario, establece más recursos públicos para las instituciones públicas.
El asunto es que los artículos que se refieren a las universidades privadas o mixtas en el texto de la reforma son muy generales, y por ello bastante ambiguos.
Lo único claro es que las instituciones privadas seguirán organizadas “como corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro con propósito exclusivo para la prestación del servicio público de Educación Superior”.
En cuanto a las instituciones mixtas, dice que les será aplicable “el régimen de una institución de naturaleza privada, y sus actos y contratos se regirán por el derecho privado”, lo cual es algo contradictorio, pues no deberían tener “ánimo de lucro”, sino de reinversión permanenete en su propia mejoría.
Dos hechos ocurridos la semana pasada en Cartagena pueden dar luces sobre el funcionamiento de las universidades privadas y hasta dónde llega su característica de ser fundaciones o corporaciones “sin ánimo de lucro”.
Estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, institución privada, reclaman porque las directivas anunciaran el cierre de varios programas. El rector argumenta que se cerrará la admisión de nuevos alumnos el año entrante, porque la demanda de estos programas “ha venido reduciéndose”.
En la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo (Tecnar), estudiantes se quejan porque habiendo terminado el ciclo tecnológico en criminalística e investigación judicial, no les han dejado matricularse para la profesionalización en Derecho, que se hace a través de un convenio y requiere revalidación anual.
Son apenas dos ejemplos de la lógica financiera en el funcionamiento de las universidades públicas, que no es reprochable porque sin recursos es imposible garantizar una educación de calidad, y la fuente principal de recursos de las universidades privadas son las matrículas y derechos académicos.
Pero aunque sea legítimo cerrar programas o demorar las fases de profesionalización de técnicos, ese punto les da la razón a los estudiantes que protestan cuando hablan de equidad en el acceso a la educación superior, ya que no hay garantías de que las universidades privadas tengan continuidad.
La educación superior es un asunto serio que debe planificarse cuidadosamente, porque de ella depende la superación del desempleo y la pobreza, y sobre ella se basa la competitividad que tanto se requiere en el país para que la economía crezca.
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