Al finalizar el consejo de ministros en Toribío, el presidente Santos anunció que reforzará la presencia militar en la zona y destinará 500 mil millones de pesos para la inversión social a través del que llamó el Plan Cauca. El aumento de las Fuerzas Militares y de la Policía implicará más operaciones ofensivas contra las Farc, según explicó el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, lo que causará más bajas en la guerrilla y probablemente en el Ejército.
El presidente Santos respondió a la petición de los indígenas caucanos de “retirar a los militares de su territorio” que el Gobierno y todos los colombianos estaban cansados de la guerra, pero “por ningún motivo podemos desmilitarizar un solo centímetro”.
Como en otras ocasiones en este departamento, el pueblo Nasa emprendió una cruzada para sacar de sus territorios “todos los grupos armados”, tanto la guerrilla como la Fuerza Pública.
Hace unos años, la guardia indígena fue tras las Farc, que habían secuestrado a uno de ellos, y para exigirles que salieran de su sagrada tierra ancestral. Que emprendan ahora una cruzada igual demuestra que la estrategia no tuvo éxito entonces.
Hace un año, Toribío sufrió uno de los ataques más brutales de su historia. Las Farc explotaron una chiva-bomba frente a la estación de Policía, que destruyó casi 100 casas, dañó otras 180, mató a 4 personas e hirió a más de 70.
El pueblo indígena caucano clama por la paz y cree que mientras aumenten los militares allí habrá confrontación armada. Se sienten atrapados en una guerra “ajena”, y creen que la única forma de acabarla es que todos los actores armados salgan de su territorio. Además, proponen que sus comunidades, sus cabildos, sus alguaciles, ejerzan el control apoyados en la guardia indígena.
Es un sueño utópico. Primero, la guerrilla considera vital este territorio pues en esas montañas escarpadas que conectan con la costa del Pacífico funciona un corredor utilizado para su movilidad y para las operaciones de narcotráfico que financian su guerra. Segundo, el Estado está obligado constitucionalmente a defender la vida y bienes de los ciudadanos, y parte de esa obligación es sacar a la guerrilla de estos territorios, de los que no se irán voluntariamente.
La guerrilla ha demostrado que no se puede confiar en ella. Si el Gobierno decidiera retirarse de una sola base en el Cauca, de inmediato las Farc entrarían a ocuparla y a imponer su “ley” allí.
Aunque la población de Toribío tiene razón en que las principales víctimas de esta guerra son los civiles indígenas, la realidad es que lo único que no puede hacer el Gobierno es desmilitarizar la zona.
Por eso, en los próximos meses veremos a las Fuerzas Militares avanzando más, intentando copar las áreas base que las Farc han establecido en el Cauca por décadas. El propio Gobierno prevé una campaña cruenta, pero indispensable para quitarles aún más poder a unas Farc que cambiaron de estrategia y le han dado golpes a las fuerzas del Estado, y sobre todo, a los civiles inermes.
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