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La impunidad por asuntos de forma

Hace dos años, comenzaron a perderse grandes cantidades de material de guerra e intendencia de las armerías de 11 batallones del Ejército, en varias regiones del país, lo cual alertó a los comandantes.

Además de morteros, granadas, uniformes y balas para distintas armas, desaparecían equipos costosos y de alta tecnología, como visores nocturnos, detectores de minas y miras telescópicas.
Contrainteligencia Militar empezó operaciones para comprobar si era una acción continuada y planificada, y para detectar el destino del armamento robado. Con los primeros datos, se diseñó una investigación junto con el CTI, la cual se desarrolló hasta el lunes pasado, cuando se tenía comprobado que los robos fueron ejecutados por una banda de 44 personas, incluyendo miembros activos del Ejército.
Ese mismo lunes comenzaron capturas y allanamientos desde las 3.30 de la madrugada, en Bogotá, Barranquilla, Valledupar, Caucasia, Medellín, Girardot, Villavicencio, Puerto Lleras, Cali y Pasto.
La clave del éxito de la operación era su realización simultánea. El último capturado fue un coronel, a las 6 de la tarde, que casi se escapa porque lo seguían mediante un satélite, y de repente apagó su teléfono celular.
El martes en la mañana se le anunció al país la captura de los 44 integrantes de la banda y se dijo que las armas robadas continuadamente se vendían a las Farc.
Los investigadores reunieron una cantidad enorme de evidencia. Tras muchos seguimientos electrónicos, comprobaron los vínculos de la banda con algunos jefes de las Farc en Nariño y Cauca.
El martes en la tarde, una jueza de control de garantías liberó a 26 de los capturados, argumentando que los allanamientos se realizaron antes de las 6 de la mañana, contraviniendo así el artículo 255 del Código de Procedimiento Penal.
La mayoría de los expertos en Derecho Penal considera que las excepciones establecidas para ese artículo estaban perfectamente justificadas, y en la orden de captura se especificó que la peligrosidad de los sindicados y la dificultad para realizar tantas capturas simultáneas, obligó a que algunas se realizaran antes de las 6 de la mañana.
La juez, aplicando demasiado rígidamente el Código de Procedimiento Penal, ordenó la libertad porque la Fiscalía presentó sus argumentos de manera parca y escasa, lo que no desvirtuaba las pruebas.
Lo grave es que no se trata de la primera vez que un juez de control de garantías libera a capturados contra los que hay evidencias contundentes de conducta criminal, e incluso, la Policía se ha quejado de que más de la mitad de los capturados son liberados horas después, casi siempre con el argumento de que no se cumplieron los procedimientos.
La solución no es cambiar el Código de Procedimiento Penal, porque el problema radica en la interpretación de los jueces a las normas, que mayoritariamente se han inclinado a favorecer a los capturados, basándose en errores nimios de procedimiento, sin siquiera examinar la validez de las pruebas contra ellos.
Esta rigurosidad insensata contribuye a que reine la impunidad y se desplome el poder de la justicia en Colombia.

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Comentarios

Uno acá piensa que los jueces

Uno acá piensa que los jueces que así actúan son cobardes y deben de renunciar o son cómplices camuflados y deben ser juzgados con todo el peso de las leyes.

ASI ES.. LOS QUE NO SABEN ASI

ASI ES.. LOS QUE NO SABEN ASI PENSAMOS.. PERO LA VERDAD ES QU SI LA JUEZ NO ACTUA ASI.. SEGURAMENTE LE HUBIERAN ABIERTO INVESTIAGACIÒN POR PREVARICATO.. QUE PARA LOS QUE NO SABEN QUE ES ESTE DELITO, LES DIGO QUE CUANDO UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUA MANIFIESTAMENTE CONTRARIO A LA LEY, ES DECIR, NO APLICA LA LEY TAL CUAL ESTA ESTABLECIDA.... LA POLICIA, EL CTI, ETC, QUE SE DEJE DE PENDEJADA QUE ESO LO SABEN ELLOS.. LOS ALLANAMIENTOS SOLO SE DEBEN PRACTICAR EN HORAS DETERMINADAS... LOS JUECES SOLO APLICAN LAS LEYES .. NO LAS HACEN..