En el siglo XVIII surgió el libre comercio como oposición al mercantilismo intervencionista, con la premisa básica de que las restricciones impuestas por los gobiernos al intercambio libre de bienes y servicios perjudican a la economía y disminuyen el volumen del comercio.
En condiciones ideales, es decir en un mundo donde los países tuvieran igualdad de oportunidades de producir con eficiencia y competitividad, el libre comercio sería la condición precisa para que el mercado regulara la economía con racionalidad y lógica, pero nuestro planeta dista mucho de ser un paraíso de la convivencia, especialmente en el ámbito económico, y las naciones más ricas se aprovechan de las más pobres, impidiendo un libre comercio justo.
Sin embargo, a través de los tratados de libre comercio, bilaterales o multilaterales, pueden pactarse reglas que compensen las desigualdades productivas entre los países, para acercarse al ideal de un intercambio de bienes y servicios sin obstáculos.
Colombia viene luchando hace muchos años para materializar un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, y su puesta en marcha se encuentra ya en una etapa avanzada, aunque su consolidación ya no depende de Colombia, que ha cumplido con todas las condiciones exigidas, sino de asuntos de política interna estadounidense.
Aunque los beneficios del TLC con Estados Unidos son enormes y determinantes para el crecimiento de nuestra economía, de manera inteligente las últimas administraciones han negociado tratados similares con otros países y regiones del mundo, como la Unión Europea, Corea y Panamá.
Esta variedad de alternativas para el consumo en Colombia y las grandes posibilidades para la expansión de las exportaciones permitirán crear las condiciones precisas para que crezca la economía, se irrigue esa riqueza creciente a todos los habitantes del país, se reduzca la pobreza y mejoren las condiciones de vida de todos los colombianos.
Sin embargo, para actuar de manera eficiente en un escenario de libertad comercial, es preciso no sólo que los productores nacionales se vuelvan competitivos a través de la calidad de los productos y servicios que ofrezcan, sino que la infraestructura nacional esté lista para soportar esa dinámica gigantesca que se nos viene encima.
Colombia tiene muchas debilidades que dificultarán el trabajo de los productores, entre ellas la red vial, dañada seriamente por la arremetida del invierno; el incipiente desarrollo del transporte fluvial; y los costos y dificultades del aéreo.
Por el contrario, la infraestructura de energía y telecomunicaciones es óptima y confiable, y eso es una ventaja inestimable.
Poco a poco, el comercio internacional está librándose de las restricciones de los impuestos nacionales, aranceles, impuestos a los bienes exportados e importados, y otras regulaciones no monetarias.
Colombia está preparada para competir en tal escenario, siempre y cuando se elimine la traba principal que lo impide: una infraestructura vial adecuada y durable.
Esa es entonces la prioridad inmediata.
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