Como ya es habitual cada vez que se produce un hecho que él interpreta como un cuestionamiento a sus dos períodos de gobierno, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez se vino lanza en ristre contra el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Fierro, quien tomó la decisión de ordenar la detención del exministro Andrés Felipe Arias, y contra el procurador delegado para este caso, por apoyar esa decisión.
El fundamento de su rechazo a la decisión es que tanto el magistrado como el procurador desconocieron la presunción de buena fe de Arias, al visitar de manera abierta y pública en la cárcel a sus compañeros del Ministerio de Agricultura implicados en la investigación por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
A continuación se pregunta si los dos funcionarios no habían tenido una cercana relación con el magistrado de la Corte Suprema Yesid Ramírez, con quien Uribe se enfrentó en varias ocasiones.
Sin conectar directamente los dos argumentos, dice que esa relación debería “publicarse, por el peligro de politización de la justicia ante el impulso de presiones periodísticas”.
La meticulosidad con que el expresidente redactó su comunicado de rechazo a la detención de Arias aleja cualquier posibilidad de denuncia por injuria o calumnia, y como en Colombia existe la libertad de expresión, sus palabras se convierten en opinión particular que no puede acallarse ni condenarse.
Sin embargo, también haciendo uso de esa libertad de expresión, opinamos que ese rechazo manifestado por Uribe, junto con la sugerencia de que el proceso contra Arias es una maniobra política en su contra, es inconveniente para la imagen de las instituciones de nuestro país, especialmente el sistema de justicia, por tres razones:
El cuestionamiento a la integridad de la justicia no lo hace un ciudadano común, sino un ex Presidente de la República, quien durante 8 años realizó sin tropiezos su gestión, gracias a la institucionalidad y equilibrio de poderes que ahora está criticando.
Controvierte la decisión de los dos funcionarios con argumentos subjetivos, como decir que él está convencido de la transparencia del exministro Arias y seguro de que no robó, y que por lo tanto debería presumirse que sus visitas a sus compañeros de Ministerio encarcelados no tenían el propósito de obstruir a la justicia, y que el hecho de que no fueran clandestinas prueba su buena fe.
Descalifica tácitamente la honestidad de los dos funcionarios porque tuvieron algo que ver con un magistrado de la Corte que se enfrentó muchas veces con él, como si estas polémicas le restaran legitimidad a sus actuaciones.
No condenamos que el expresidente Uribe ejerza el derecho a expresar sus opiniones, incluso cuando cuestiona la integridad de la justicia, por el contrario, defendemos vehementemente que lo haga, pero consideramos que su condición de exmandatario le obliga a ser más cuidadoso en la escogencia de los argumentos para sustentar sus afirmaciones, por el bien de la imagen de nuestro país que tanto le ha preocupado siempre.
Tenía razón don Ramón de Campoamor: “En este mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”.
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