La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, recién aprobada por el Congreso Nacional, ya le presenta al Estado dificultades para hacerla cumplir al intensificarse los ataques a los activistas de los desplazados que pretenden recuperar las tierras que les fueron arrebatadas.
Durante la rueda de prensa de ayer en Cartagena, el presidente Santos le dijo a Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Le agradecemos…;que haya asistido…;ayer a la sanción de una ley que para nosotros es histórica: la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras…; Esta Ley significa un desafío monumental…;institucional …;práctico, para que tantas víctimas puedan ser reparadas y tantos miles de miles de campesinos puedan ser restituidos de sus tierras que les fueron despojadas por la violencia”.
Es decir, Santos sabe bien que la oposición será encarnizada por parte de las bandas criminales de nombres diversos pero de propósitos similarmente torvos, y de otros poderosos más sutiles y aún más perversos que tirarán la piedra y tratarán de esconder la mano.
Quizá el Presidente tenga que armar una “fuerza de tarea” para hacer cumplir esta ley, que no solo permitirá a los desarraigados recuperar sus terrenos, sino que protegerá a los propietarios de buena fe de cualquier despojo de fachada legalista, en los que hay redes de expertos en las oficinas de registros públicos del país.
El director de la Policía, Óscar Naranjo, llevó casi 1.400 de sus hombres a hacer operativos contra la delincuencia en Cali, asolada por matones. Solo este año han asesinado a 750 personas allí.
Los operativos arrancaron el miércoles pasado con 200 allanamientos, 250 operativos de registro en 14 sitios del occidente y el sur de Cali, 245 puestos de control en las entradas y salidas para verificar documentos personales, y terminaron ayer sábado. Los resultados fueron satisfactorios, pero si no se continúan, los bandidos volverán a sus andanzas.
La fuerza de tarea para garantizar los derechos de los despojados y de los propietarios legítimos de las tierras no sería como la llevada a Cali, por supuesto. Y aunque tendría que tener fuerza pública, sus “soldados” serían principalmente fiscales, abogados, contadores, grafólogos, expertos en escrituras y registros, y por supuesto, tendrían que hacer inteligencia antes de actuar.
El objetivo serían algunos pueblos, por ejemplo, de los Montes de María, para intervenir sus oficinas públicas, incluyendo las alcaldías y algunos juzgados, y de paso investigar qué ocurre con la contratación, con la certeza de que el rastro de la criminalidad es similar al de buena parte del dinero que le birlan al erario.
No estaría de más que les montaran la misma operación a algunos de los pueblos aledaños a Cartagena, en donde la “inteligencia” inicial sería oír lo que sabe y habla la gente del común en cualquier esquina acerca de quiénes mandan, qué hacen, con quién y cómo.
El presidente Santos va muy bien, pero tiene que intensificar la lucha contra la delincuencia y la corrupción en muchos frentes más.
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()