Editorial


La ley, ¿para los de ruana?

En Colombia se dice que la ley es “para los de ruana”, queriendo decir que los ricos evaden muchos requerimientos legales, mientras que los pobres son sometidos con rigor a las normas. Hay muchos ejemplos, algunos acertados: los ricos no prestan servicio militar, mientras los pobres sí; cuando un pobre se roba una gallina, va a la cárcel, pero cuando un rico saquea el erario, sigue tan campante; y un pobre no puede invadir un andén, mientras los ricos se apoderan de calles, plazas y carreteras. En los países avanzados, donde la línea base de comportamiento está por encima de la de las sociedades más atrasadas, también existen los privilegios y las influencias, pero con mucho menor descaro. En Colombia, la Corte Suprema demostró que todo puede cambiar, al enjuiciar a personajes importantes de la política por sus nexos con grupos y actividades ilegales, aunque a juzgar por lo acontecido en las elecciones parlamentarias, aún falta mucho trecho que recorrer y mucho pícaro por escarmentar. En Cartagena, sin embargo, hay una actividad en la que la ley no se aplica con rigor a las personas de los estratos más bajos, sino a las de los más altos: el tránsito automotor. Durante algunos retenes de control rutinarios del pico y placa, por ejemplo, los agentes parecen águilas por el tino con que detienen a los automóviles más nuevos y con mayor apariencia de costosos, mientras a su alrededor hay motos en los andenes, taxis mal parados y buses detenidos en paralelo mientras sus conductores conversan. En todas las calles se ven agentes en moto, indiferentes a lo que ocurre a su alrededor. La avenida principal de Torices (Paseo de Bolívar), entre muchas otras, está atestada de camperos decrépitos que funcionan libremente como colectivos, sin puertas traseras y con racimos humanos colgados de los marcos. Al pie de la estatua de la India Catalina hay una estación de mototaxis desde hace más de un año, quizá dos, y al frente emergió una estación de colectivos. No son camperos antiguos, ni motos, sino taxis modernos, cuyos ayudantes vocean sus rutas y tarifas, especialmente en las mañanas y en las tardes, ocupando un pedazo de calzada como si fueran operadores legales. La última parte de la avenida Santander, llegando a Crespo, y la Calle 70, se las tomaron los transportadores, cuyas busetas ocupan la vía y las aceras. Este negocio irregular se expande todos los días, y tampoco pasa nada. Muchos agentes se van a los sectores residenciales de estratos altos, en donde no hay congestión, a multar señoras que van al mercado en violación del pico y placa. Escogen a quienes no se bajarán del carro con una varilla en la mano, y que pagarán las multas sin poner problemas. Está bien que los agentes sean muy severos con los infractores de estrato alto, pero tienen que extender su rigurosidad con igual entusiasmo al transporte informal, que se agiganta en Cartagena. Para cumplir con esa misión no bastará con que los agentes anden en parejas, pues muchos conductores los agredirán, sino que deben andar en grupos capaces de imponer el respeto que se merecen. El Distrito debería tomar cartas en el asunto, ya que le faltan muchos agentes al Tránsito de Cartagena para ordenar el caos.

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