La mudanza de la Armada

Desde hace décadas se habla de la salida de la Armada de sus predios de Bocagrande pero solo en el gobierno de Santos se han tomado acciones serias para determinar el cómo y el cuándo. Un almirante está encargado por la Presidencia para armar el caso, tratando de no dejar cabos sueltos.
Y ahora hay un nuevo actor: Andrés Escobar Uribe, gerente de la estatal Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas (SAS), también encargada de planificar y llevar a su punto de ejecución la reconstrucción del CAN (Centro Administrativo Nacional), un grupo de 66 edificios que se caen a pedazos en donde están concentrados algunos ministerios y oficinas públicas, entre ellos Mindefensa y la Policía Nacional.
El anterior proyecto podría costar más de 2,5 billones de pesos y la labor de Escobar incluye que sea autofinanciado, lo que implicaría vender propiedades a particulares. Sería un proyecto urbanístico moderno que incluiría viviendas, oficinas y centros comerciales, para que quienes vivieran allí pudieran hacer casi todo a pie, desde mercar e ir a trabajar, hasta ir a cine, evitando traumatizar más la movilidad y la calidad de vida.
El caso de la CAN y el de la mudanza de la Armada a Tierrabomba tienen similitudes. La Armada solo podría irse a un proyecto “llave en mano”, pero sería mucho más que hacer muelles y llevarse unos barcos, porque incluiría una ciudadela militar autosuficiente, con residencias, escuelas, almacenes, supermercados y clínicas. Implicaría venderles a particulares no solo sus predios de Bocagrande, sino las viviendas militares en Crespo y en otras partes de la ciudad.
Con el uso que se les dé a los predios que abandonaría la Armada comienza la complejidad de la mudanza. Los habitantes de Bocagrande, El Laguito y Castillogrande, además de los de todos los demás barrios, les gustaría que allí no se construyese un solo edificio y que toda el área fuera para zonas verdes y recreativas.
El Estado, por su parte, necesita sacarle el máximo de plata a los predios de Bocagrande y a los barrios militares para poder hacer todo lo necesario en Tierrabomba.
¿Cuánta área sería verde y recreativa, y cuánta construida? ¿Cuál sería la altura y densidad de los edificios que se podrían levantar allí? ¿Qué uso se le daría a los muelles que abandonaría la Armada? Y sobre todo, ¿cómo se conciliarían esos intereses, especialmente los diametralmente opuestos de la Armada, que necesita levantar dinero, y la comunidad, que no quiere más cemento sino zonas verdes?
Cartagena necesita sentir este proceso como una oportunidad para comenzar a transformarse y sobre todo, para aprender a tomar decisiones colectivas y concertadas, las únicas legítimas. Este proceso debería estar en la mira de la ciudadanía y de las autoridades locales, no para torpedearlo, sino para hacerlo benéfico para todos.