La pandemia de la impunidad

Al sancionarse la Constitución de 1991, y cambiar la Justicia con la creación de organismos judiciales nuevos, se hicieron algunos reparos que a juicio de muchos juristas podían bloquear las mejoras logradas, como la congestión en los despachos y el incremento de la impunidad, entonces calculada por encima del 90 por ciento. El Estado Social de Derecho arrancó bajo las nuevas normas y con nuevos organismos: la Fiscalía General, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, etc. El país fundó sus expectativas nuevas en el sistema acusatorio, con el cual se rompió una tradición que no sería fácil de sortear. Hace cinco años se complementaron los cambios con los juicios orales, y con una dinámica mayor en el procedimiento para descongestionar y para sancionar de manera ejemplar. Todo ello con modificaciones notables en el Código Penal y en el Procesal, especialmente en términos y competencias. A la jurisdicción se la dotaba así para que fuera rápida y eficiente. Lamentablemente, hay desenfrenos que le marcan otras señas a la impunidad en los delitos más graves y con penas más severas. Primero fue la ley de Justicia y Paz, promovida para el bien, pero convertida en carnaval, y, después, la truculencia de los falsos positivos. Con la aplicación de Justicia y Paz, los testimonios resultaron un negocio novedoso y productivo, gracias al pago de las retractaciones si no prospera la exigencia previa de un reo con ganas de inculpar a alguien. Ya las excarcelaciones por los falsos positivos repugnan por su pestilencia. ¿Reformar las normas sin depurar la calidad de los funcionarios basta para reducir la impunidad y desafiar a una sociedad en la que sus jueces premian a los victimarios y ofenden a las víctimas? ¿Por qué los responsables de la política criminal no reaccionaron cuando se fijó el término de noventa días para pasar a juicio las investigaciones por los delitos atroces? ¿Por qué los criminales en Cartagena matan, los captura la Policía y los liberan para que vuelvan a matar? Se derrumbará el país si la venta de testimonios y retractaciones, y el carrusel del vencimiento de los términos, continúan distribuyendo impunidad un día tras otro. No nos quejaríamos con derecho si la Corte Penal Internacional resuelve suplir la tarea de nuestra Justicia asumiendo los casos de lesa humanidad. Ni aquí, nosotros, si se nos desploma el turismo, sabiendo que sujetos como “El Tuerto” convierten en profesión el deporte de los noventa días para matar enfermeras. No hay mejor estímulo para el sicariato que el vencimiento de los términos, ni mejor engrase para la extorsión y el chantaje que la ley de Justicia y Paz. No se verán los frutos de la formación judicial de jueces y magistrados, ni de la reorganización del mapa judicial, ni de los concursos para proveer los cargos, mientras el delito constituya un modus vivendi de los delincuentes con respaldo en la misma ley. Se enseñoreó tanto el desprecio por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, que en Colombia le torcimos el cuello al apotegma según el cual “la ley es más inteligente que el legislador”.