Según estadísticas del Ministerio de Defensa, el conflicto armado en Colombia se ha incrementado en los últimos dos años, aumentó su impacto en la seguridad, pero no ha significado una ventaja estratégica para las Farc, aunque sí más bajas para la Fuerza Pública.
A raíz de la avalancha de ataques que el grupo guerrillero ha desatado en enero y febrero, en algunos sectores nacionales se afianzó la creencia del resquebrajamiento de la política de seguridad democrática que aplicó durante ocho años el expresidente Uribe.
Mientras en 2009, fueron heridos o muertos 2.320 miembros de la Fuerza Pública; en 2010 fueron 2.440; y en 2011, fueron 2,571, lo que indica la intensificación moderada del conflicto.
Al mismo tiempo, los guerrilleros capturados, muertos y desmovilizados pasaron de 5.474 en 2009, a 4.673 en el 2010; y a 3.932 en el 2011. Y las acciones guerrilleras disminuyeron de 161 en 2009 a 128 en 2010, pero subieron a 151 en 2011, especialmente los “hostigamientos” y los ataques a sedes militares.
El debate sobre el deterioro del orden público, percibido de mayor gravedad por la frecuencia y contundencia de los recientes ataques, volvió a poner en primer plano nacional un acuerdo de paz, matizado por los anuncios ambiguos de las Farc sobre su intención de liberar a un grupo de uniformados que mantiene secuestrados, y el aplazamiento reiterativo de esa liberación.
Aunque los ataques perversos y crueles de las Farc son una muestra irrebatible de que no tienen la menor voluntad de paz, y que los diálogos que siguen proponiendo de manera difusa sólo servirán para obtener ventajas estratégicas, numerosas organizaciones dedicadas a buscar la resolución del conflicto o a defender los derechos humanos se han ofrecido generosamente a propiciar conversaciones preliminares que permitan empezar ese diálogo de paz.
El presidente Santos fue claro al frenar ese ímpetu, aunque sus palabras resultaron un tanto equívocas: es cierto que el Gobierno tiene en sus manos la llave de la paz, pero eso no quiere decir que no sea también competencia de todos los sectores de la vida nacional.
El asunto es que no será sencillo impulsar un diálogo de paz en medio de la demencia sangrienta que han exhibido las Farc ni en medio de sus anuncios contradictorios sobre la liberación de secuestrados, mientras intermediarios como Piedad Córdoba aprovechan la coyuntura para matizar los nuevos plazos con retórica izquierdista.
Lo mejor que puede hacer el Gobierno y los sectores nacionales interesados en explorar un proceso de paz es estudiar las experiencias colombianas y de otros países al respecto.
Aquí hemos tenido procesos inconvenientes y fallidos como el del Caguán, que no debe repetirse, pero también tuvimos procesos exitosos como los adelantados por Barco y Gaviria con el M19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, de los cuales hay que aprender.
Sin embargo, la única acción que podría impulsar con fuerza un diálogo de paz en Colombia la puede hacer la guerrilla, dejando de lanzar ataques demenciales y liberando a todos los secuestrados. De lo contrario, nadie en el país les creerá nada.
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