Excepto las carpas y casetas instaladas en la Plaza de la Paz para que funcionaran las tiendas de Juan Valdez y de Artesanías de Colombia durante la pasada Cumbre de las Américas, y los palcos para observar los desfiles en las Fiestas de Independencia, nunca se han realizado eventos comerciales en los monumentos de Cartagena.
Tanto las casetas de la Cumbre como los palcos de las Fiestas, aunque producirían beneficios económicos, estaban enmarcados en actividades o fechas institucionales de importancia en la ciudad, pero en el primer caso, numerosas instituciones culturales protestaron por considerar que se le estaba dando mal uso a un Patrimonio de la Humanidad.
La empresa Hyundai Colombia Automotriz había programado a partir de hoy un evento promocional llamado Experiencia Hyundai, en el sector verde contiguo a La Tenaza, en el que los asistentes pudieran conocer y probar todos los vehículos que vende la compañía.
La Secretaría del Interior concedió autorización para este evento, entre los días 14 y 23 de septiembre, que implicaría la instalación de un centro de pruebas donde habría un alto número de vehículos de todo tipo, desde un sedán hasta camionetas.
Hyundai anunció que traería por primera vez a Colombia “un show único de realidad aumentada”, como el que se ha presentado en otras ciudades del mundo, entre otras actividades muy atractivas.
El Ministerio de Cultura, apenas se enteró de la realización del evento, envió una carta al alcalde encargado Felipe Merlano, diciéndole que como representante de la Nación, propietaria de las fortificaciones, baluartes y murallas de Cartagena, era su deber advertirle que el evento comercial “nada aporta a la imagen, conservación y valoración de tan importante conjunto monumental”.
Finalmente, el evento fue suspendido, pero queda una gran preocupación sobre la responsabilidad de la Administración distrital en el manejo y preservación del invaluable patrimonio histórico de Cartagena, pues la intervención de Mincultura manda un mensaje de alerta sobre el préstamo de estos sitios y sus alrededores para realizar actividades privadas que podrían causar daños irrereparables.
Para velar por este patrimonio, la Ley 768 de 2002 ordenó crear el Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural, que tendría entre sus funciones definir para qué tipo de eventos se pueden prestar los monumentos o sus alrededores, como ocurre en todas las ciudades del mundo con sectores históricos.
Sería lógico pensar que, mientras se reglamenta ese aspecto, imitáramos las normas de países como México, Argentina, Guatemala o España, y prestáramos los monumentos de Cartagena y sus zonas de influencia sólo para actividades culturales de calidad, preferencialmente con un contenido relacionado con ellos, que no los pongan en riesgo ni impidan el acceso de las personas a su contemplación.
Ya es hora de que Cartagena se responsabilice de su tesoro más valioso, que es, además, su mayor atractivo turístico.