La ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada durante más de 6 años por las Farc, pretende que el Estado colombiano, a quien demandó por no garantizar su derecho a la libertad, la indemnice con unos 15 mil millones de pesos, por los perjuicios morales y materiales del cautiverio. En las páginas web de El Universal y de otros medios de comunicación llovieron cientos de reacciones indignadas, desde epítetos irrepetibles hasta argumentos juiciosos sobre la demanda. Dos argumentos se repiten de manera extensa en los comentarios de los lectores: que el secuestro de Ingrid Betancourt no fue responsabilidad del Estado, ni siquiera por omisión, y el reproche a la actitud “desagradecida” de la ex candidata, cuya liberación se logró gracias a una acción planificada meticulosamente por las Fuerzas Militares a las que ahora culpa de su cautiverio. Así, podría uno pensar que no hay posibilidad de que la demanda prospere y el Estado (que somos todos los colombianos) tenga que desembolsar más de 15 mil millones de pesos para subsanar los perjuicios que el secuestro le causó a Íngrid. Pero hay demasiados antecedentes de fallos judiciales absurdos, de manera que es preciso analizar los argumentos jurídicos. Como todo ciudadano, Íngrid Betancourt puede presentar acciones jurídicas si considera que el Estado no le garantizó sus derechos. En su demanda, la ex candidata plantea que varios oficiales del Ejército le garantizaron el día de su secuestro, que nada sucedería y que no corría peligro, pero en el Ministerio de Defensa reposa un documento que le pidieron firmar los militares en un retén, que no querían dejarla seguir hacia la zona de distensión, por peligrosa. Muchos juristas coinciden en que el Estado advirtió los riesgos, y que incluso, debido a esa advertencia, otros candidatos presidenciales se abstuvieron de ir al sitio. Según la jurisprudencia, ese hecho desvirtúa que el Estado haya incumplido su función de garantizar la seguridad tanto pública, como la personal de la ex candidata. Tampoco consideran que se pueda responsabilizar al Estado por el tiempo que duró secuestrada Ingrid Betancourt. Aunque se argumente que no se liberó en un “tiempo razonable”, tanto su madre Yolanda Pulecio, como su marido de entonces, Juan Carlos Lecompte, pidieron en los medios y por escrito al Gobierno, no adelantar operativos militares de rescate. De todas maneras, la demanda de Ingrid logró una unanimidad inusitada entre los colombianos, que consideran, en una mayoría incuestionable, que su actitud es “oportunista y ambiciosa”, además de “desconsiderada”, pues ese dinero saldría del bolsillo de todos los colombianos. Muchos le reprochan a Íngrid que se olvidara de tantas promesas el día de su liberación, desde la simbólica de no cortarse el cabello mientras hubiera un solo secuestrado hasta la de luchar con ahínco por la liberación de todos. El único que parece de acuerdo con la decisión de la ex candidata es Alan Jara, también ex secuestrado y quien no descartó una acción similar. ¿Cómo le explicarán ambos sus argumentos a las madres de tantos militares muertos en la lucha contra el terrorismo? La rabia de Ingrid, no es en el corazón, sino en el bolsillo.
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