Por fin, después de muchos años tratando de establecer una norma que racionalizara los trámites que el ciudadano debe realizar en entidades del Estado, se cuenta con un conjunto de normas que elimina más de mil diligencias obligatorias, algunas de las cuales parecían obras del más puro teatro del absurdo.
Con la firma del Decreto-Ley de Eliminación y Racionalización de Trámites, el presidente Santos ha logrado dos grandes objetivos: facili-tar la vida de los ciudadanos y restaurar el valor de la buena fe entre los colombianos.
Existía un voluminoso conjunto de exigencias, presumiendo la ma-la fe del ciudadano, que podrían ser motivo de risa, sino fuera porque representan sacrificios y molestias enormes para quien debía cumplirlas.
El certificado de supervivencia que debían presentar los jubilados para lograr que les pagaran sus mesadas, no sólo era la mayor muestra de crueldad con las personas de la tercera edad, sino que podría catalogarse entre las muestras más aberrantes de la falta de lógica en las normas que establece el Estado, porque significaba que el ciudadano debía demostrar que estaba vivo.
Como esta, hay por lo menos 100 exigencias que ingenuamente pretendían defender al Estado contra la trampa que se presumía inevi-table, todas ellas obstáculos formales e intrascendentes para el proceso mismo que se pretendía blindar, pero que no garantizaban la legitimi-dad de documentos y acciones y, por el contrario, enredaban la relación del ciudadano con el Estado.
Por cierto, sólo después de 20 años de promulgada la Constitución, se cumple a cabalidad con su artículo 31 que dice que las actuaciones “de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe”.
¿Se habrá visto un absurdo tan grande como la autenticación de las firmas, que presupone la veracidad de una rúbrica sólo si está acompa-ñada de un sello y una firma notarial? ¿Y qué tal las declaraciones extrajuicio, un verdadero vía crucis documental que exige ir a un juzga-do para avalar diligencias tan simples como afiliarse a una EPS?
¿Para qué se pedía la huella digital acompañando la firma si no hay manera de verificar si esa huella corresponde a quien firma?
A la falta de lógica de las exigencias sin sentido se le sumaba la acti-tud de ciertos funcionarios públicos de bajo rango que se sentían con poder si obstaculizaban cualquier trámite, para que el ciudadano le rogara, haciendo aumentar así su importancia.
Además, las trabas y talanqueras sólo contribuyen a que se facilite la corrupción a través de sobornos o coimas.
Ahora bien, la eliminación de estos trámites no garantiza que de ahora en adelante la actividad pública se modernice o se haga más transparente así porque sí.
Es necesario no sólo que los funcionarios públicos sean conscientes de que ellos son servidores del ciudadano, sino que este entienda que cuando roba o engaña al Estado se está robando o engañando a sí mismo, a sus hijos y a su propia parentela.
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