Hoy jueves, el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete expedirán un decreto para la reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), criticadas con dureza por su poca eficacia en la prevención de los desastres derivados del invierno.El Gobierno tiene conciencia sobre la necesidad de cambiar radicalmente el funcionamiento de las CAR, convertidas en fortines del cacicazgo politiquero regional –y a veces peor- para hacerlas verdaderamente operativas, a través de un enfoque que pretende mejorar su gestión.
El propio presidente Santos ha dicho claramente que su intención es realizar una “reforma de fondo en todo el esquema de las CAR” y Sandra Bessudo, alta consejera presidencial para la Biodiversidad, ratifica que para el Gobierno, las corporaciones “han perdido su composición técnica en la toma de decisiones” porque han estado politizadas.
Lo que se busca con este decreto es que las CAR se vuelvan altamente tecnificadas y que cumplan plenamente con su cometido, sobre todo en medio ambiente.
Por supuesto, el decreto no puede eliminar su naturaleza autónoma y regional, pues ello requeriría una reforma constitucional, pero sí cambiará la manera en que se toman las decisiones, introduciéndoles mayor rigor técnico.
Esto implica la necesidad de asignarle más recursos, por lo cual es preciso que esos cambios también incluyan una estrategia rigurosa de control interno y un esquema decidido de lucha contra la corrupción, para que no se derrochen tales recursos y para que las CAR no sigan siendo aprovechadas como una herramienta de poder político y contratero, con la complicidad de los alcaldes que hacen parte de sus juntas directivas.
El Gobierno nacional ha realizado un análisis profundo de la gestión de las CAR, sobre todo en lo que se refiere a las acciones que pudieron haber hecho menos desastrosa la fuerza del invierno que azotó al país, y la principal conclusión, que coincide con los conceptos especializados que se han emitido en los últimos meses, es que la gestión está limitada porque la mayoría de las veces se realiza según criterios políticos regionales, que limitan su desempeño y que las hacen depender de manejos dirigidos a favorecer los intereses de los sectores regulados.
Uno de los cambios tiene que ver con la obligación de las CAR de formular planes de acción en armonía con los programas del Gobierno nacional, para evitar contradicciones que retrasan algunos de esos programas. Esto también serviría para evitar que desde las CAR se favorezcan obras o iniciativas de beneficio particular sobre el público, aunque hay que tener cuidado para que esto no se vuelva una forma más de centralismo avasallador.
Ya el año pasado, el Gobierno nacional había dictado un decreto para controlar los gastos de las CAR y cambiar la disposición de los recursos millonarios que provienen de algunas fuentes que ellas controlan y que se estaban utilizando de manera ineficaz.
Ahora, los colombianos esperan que el decreto que se expedirá hoy convierta a las CAR en entidades enfocadas en preservar el ambiente, proteger nuestros recursos naturales y evitar la destrucción de nuestra biodiversidad, en vez de lo que son algunas: enclaves politiqueros, contrateros y con peajes ambientales incluidos.
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