Un funcionario del Ministerio de Educación Nacional, al conocer la participación multitudinaria en las protestas contra la reforma a la educación superior que estudia el Congreso, comentaba con cierta sorna en un noticiero nacional de televisión que hacía mucho tiempo no se veía a los estudiantes colombianos marchar para oponerse a una iniciativa que no conocían bien.
A juzgar por las pancartas, los pasacalles y las consignas que se gritaron en las marchas de muchas ciudades el jueves pasado, efectivamente no había ilustración suficiente entre los participantes de las protestas, sobre el contenido y las implicaciones del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.
Como en los viejos tiempos de la beligerancia del movimiento estudiantil, por allá a comienzos de la década del 70, miles de manifestantes se pronunciaron en coro para rechazar lo que llamaron “la privatización de la universidad pública”.
En general, la reforma presentada ha motivado diversas reacciones y pronunciamientos, muchos de ellos con base en información equivocada o tergiversada, y la mayoría centrados en el aspecto financiero, dejando de lado aquellos que podrían afectar la calidad académica de la educación superior.
En el proyecto se plantea aumentar los aportes de la empresa privada a la universidad pública, ampliando la investigación y el desarrollo social, lo que ya se está haciendo en cierta manera, a través de alianzas puntuales.
Una segunda estrategia, diseñada para aumentar la cobertura de la educación superior, es la creación de universidades privadas con ánimo de lucro, para reemplazar a las corporaciones de hoy, lo que muchos ven como una manera de rebajar la calidad académica, pues las utilidades financieras siempre se han basado en el mínimo de gastos y el máximo de ingresos.
Este aspecto de la reforma ni siquiera fue tocado en los carteles, las pancartas ni las consignas de los estudiantes que marcharon la semana pasada en todo el país.
Tampoco se refirieron los manifestantes de manera integral a los cuatro objetivos que tiene el Gobierno con este proyecto de ley: promover mayor calidad en la enseñanza y la investigación, disminuir la deserción y mejorar las condiciones de permanencia, adecuar la oferta de programas con las necesidades productivas y sociales, y fundamentar la gestión educativa en el buen gobierno y la transparencia.
La verdadera discusión debe centrarse en comprobar si las estrategias contenidas en la reforma realmente propician el cumplimiento de esos objetivos, y no en descalificarla de plano, con el argumento anacrónico de que se va a privatizar la universidad pública.
Por eso es importante que los estudiantes de universidades públicas y privadas de Cartagena asistan al foro de hoy en la Universidad de Cartagena, con la presencia del viceministro de Educación, Javier Botero Álvarez, y que tratará de los cambios propuestos a la Educación.
Es la oportunidad precisa para confrontar los propósitos de la reforma, con razones serias y que puedan contribuir a enriquecer un debate que es importante para el futuro de la formación profesional y la competitividad de nuestro país.
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